Puedo estar de acuerdo con varios de los postulados que defiende el programa “Por una educación de calidad con equidad y libertad”, con el que el PP estableció la semana pasada sus directrices para desarrollar la LOE en las comunidades autónomas en que gobierna, la nuestra incluida. Particularmente, con todo lo que se refiere al primero de dichos valores; a una cultura de la exigencia y el esfuerzo que hay que recuperar cuanto antes para evitar, a corto plazo, el suicidio en masa de los profesores de Secundaria y, a largo, el del resto de los adultos, que nos sentiremos unos bichos raros cuando dirijan nuestra sociedad unos tipos formados en la mediocridad y el desprecio hacia toda facultad humana que resida encima de las cejas.

Sin embargo, me chirría esa apelación simultánea a la equidad y a la libertad que, en el contexto de las objeciones del PP a la ley, esconde una obvia contradictio in terminis. Tan obvia que los populares han querido justificarla con la coartada non petita de que un currículo común facilitaría la movilidad de los alumnos, como si éstos salieran mucho de casa antes de los 18.

El título del documento propuesto sería creíble si nos atuviéramos a una de las acepciones que la RAE asigna al equívoco término equidad, “propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que (...) por el texto terminante de la ley”, ya que el PP aspira a burlar a la LOE en su aplicación autonómica, se supone que obedeciendo a los dictados de su conciencia. O si se abstuviera de buscarle pegas artificiales al reparto incuestionablemente equitativo de los alumnos inmigrantes o con problemas que la LOE se propone garantizar entre todos los centros, ya sean públicos o concertados. Pero ocurre que el objetivo omnipresente en el texto emitido por el PP es un temario igual en todas las comunidades, con lo cual deduzco que será éste y no otro el fin que se vislumbra tras el sustantivo. Y tal orientación colisiona con el cacareado derecho de los padres a elegir en libertad la educación de sus hijos: si los populares apelan a él para reclamar que los católicos puedan decidir que sus retoños estudien obligatoriamente Religión, ¿con qué legitimidad van a imponer un único temario para toda España a los padres nacionalistas o simplemente antipatriotas?

Yo creo que los padres tienen tan poco derecho a adoctrinar a sus hijos con sus creencias religiosas o nacionalistas como el Estado con los valores políticamente correctos de Educación para la Ciudadanía. La única función de la escuela es enseñarnos a pensar, a discriminar entre las realidades fundamentadas y los prejuicios, y dejarnos a nosotros deducir de qué principios éticos y qué lealtades merece la pena hacer bandera.

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