Habría que desarrollar un poco más el argumento de que son los ciudadanos y no los territorios quienes pagan impuestos, para que quede bien claro el sinsentido de las quejas de los nacionalistas catalanes. Imaginemos, por ejemplo, que las balanzas fiscales que se publicaran fueran las que en todo caso habría que computar: las individuales y no las autonómicas. Estas balanzas contrapondrían lo que cada uno aporta al erario a través de sus impuestos y lo que recibe en concepto de servicios sanitarios y educativos, de cualquier otro que se pueda computar como prestación social, y del beneficio económico que le reportan las infraestructuras construidas con fondos públicos y que él utiliza directamente, que no son nunca todas las que se instalan en su región.

Del cálculo resultaría que unos ciudadanos serían contribuyentes netos a la caja común y otros beneficiarios. También entre los nacionalistas que proclaman que España les roba, de los cuales algo menos de la mitad serían beneficiarios; entre ellos, casi todos los miembros de las reivindicativas juventudes de CiU y ERC, que, por su edad, o estarán en la universidad o no percibirán un salario especialmente elevado. Basta con que uno no gane mucho, que estudie o tenga hijos estudiando, que esté en la tercera edad, se haya operado en la Sanidad pública o que le hayan construido una autovía al lado, para que a ése no le esté robando nadie. El saldo de su balanza individual con Hacienda sería positivo. Así que, según el peculiar concepto que tienen los nacionalistas catalanes de la redistribución de la renta, muchos de ellos mismos están robando al conjunto de España y de Cataluña.

Si Cataluña se independizara, su saldo positivo sería aún mayor, claro, porque los impuestos de los contribuyentes netos catalanes se quedarían allí en vez de ser enviados por razones de solidaridad a otras regiones de España. Pero, entonces, protestar contra el déficit fiscal es tanto como reclamar que, sólo por ser catalanes, ellos tienen más derecho a apropiarse del dinero de sus vecinos ricos que otros españoles que quizá lo necesitan más.

Para colmo, muchos de esos catalanes ricos son empresarios que exportan a España o a otros países de Europa y por tanto no les interesa la secesión, por temor al boicot comercial sus productos o a la pérdida de competitividad que les causarían los aranceles si Cataluña queda fuera de la UE. Sin embargo, a ellos, los independentistas que ya salen ganando con Hacienda les dicen que tienen que someterse a la voluntad de la mayoría o al "gran movimiento social" que recorre Cataluña. Hablando en plata y nunca mejor dicho, aquéllos a los que España no roba proclaman su derecho a robar ellos mismos a quienes, como contribuyentes netos, sí podrían denunciar su déficit fiscal, y encima les exigen que pongan en peligro su mercado español o bien tengan que subir los precios o ver reducido su margen de beneficios si exportan al resto de Europa.

.

 

 

Referencias y contextualización

Esta semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que publicaría a finales de año las balanzas fiscales autonómicas, cumpliendo así la reivindicación de los nacionalistas catalanes, que denunciaban que su comunidad, contribuyente neto a la caja común, perdía todos los años entre 10.000 y 16.000 millones de euros según la diferencia entre lo que sus ciudadanos aportaban en impuestos y las inversiones que recibía del Estado: lo que llamaban su déficit fiscal. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, insistió el jueves en que quienes pagan impuetos son los ciudadanos, no los territorios.