29 noviembre 2006 |
Crecimiento económico y desigualdades |
Refutando en el X Congreso de Economía de Castilla y León que la democracia o la igualdad entre los ciudadanos favorezcan el crecimiento, Robert J. Barro mostró rigor lógico y mucha oportunidad, ahora que hay quien dice que en nuestro sistema todas las bondades se retroalimentan. Su conferencia tuvo, sin duda, más enjundia que la de Rafael Herrerías, cuya supuesta paradoja de que el presidente del Círculo de Empresarios y José María Fidalgo coincidan en que “hay que romper el actual modelo de competitividad” se debe sencillamente a que uno cree que el mercado laboral debe flexibilizarse aún más para favorecer la competitividad y otro que ésta ha de mejorarse sin seguir liberalizando aquél. Es decir, que romperían el modelo actual en direcciones opuestas. No hay ninguna coincidencia y, por tanto, tampoco paradoja. Sin embargo, los liberales como Barro se plantean qué factores son buenos para el crecimiento económico porque lo conciben como fin en sí mismo. Y para aceptar eso lo que habría hacerse es la pregunta contraria: para qué es bueno ese crecimiento que todo el mundo sobreentiende como un avance colectivo y un indicio del bienestar de los ciudadanos, no sólo de aquéllos que puedan y sepan sacar tajada, ya sea en forma de ingresos, bienes o servicios. No se trata ya sólo de que en España el crecimiento lo impulse en gran medida la construcción a costa de los sufridos demandantes de vivienda; es que un grupo de 10 personas también crecería al 3% si, dentro de un aumento global del PIB de 1.000 a 1.030 (da igual que hablemos de renta per cápita o convergencia, porque estas variables se deducen directramente de él), el más rico pasara de ganar 700 a 730 y, de los otros nueve, tres vieran incrementar sus ingresos de 100 a 101, tres disminuirlos a 99 y el resto se quedara igual. La noticia de que los salarios están en términos absolutos como estaban en 1997 desmiente la efectividad de esa mano invisible que convierte los beneficios individuales en beneficio general y que, por muy listos que fueran Hayek y los economistas de la Escuela de Chicago, es el único fundamento que justifica el liberalismo y la inhibición del Estado desde Adam Smith. Por si fuera poco, en una coyuntura de bonanza y liquidez en el sistema, en la que circula cómodamente el dinero, también suben los precios, y éstos lo hacen igual para ricos y pobres. Así las cosas, el crecimiento beneficia a todos cuando viajan a países que tienen un PIB y unos precios inferiores, pero, en la vida cotidiana, sólo la participación en Bolsa podría hacer hasta cierto punto el papel de mano invisible. Ello requeriría, por supuesto, que todos los españoles tuviéramos un capital sobrante que separar y arriesgar y una cultura de inversión de la que obviamente carecemos. A falta de ambos, el crecimiento económico es, a día de hoy, mucho más un motor de desigualdades que un signo de bienestar.
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Referencias y contextualización El economista y profesor de Harvard Robert J. Barro, candidato al Premio Nobel de Economía y asesor del presidente George W. Bush, dictó el jueves 23 la lección inaugural del X Congreso de Economía de Castilla y León. En ella, defendió que "demasiada democracia puede ser negativa para el crecimiento económico" y que "la reducción de las desigualdades en Europa no favorecen el crecimiento". Para apuntalar esta idea puso el ejemplo de EEUU, país con un boyante crecimiento a pesar de las grandes desigualdades. El mismo día, Rafael Herrerías, de la Universidad de Granada, llamó la atención sobre la paradoja de que el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada Pallarés, hubieran abogado literal y paralelamente por "romper el actual modelo de competitividad". El martes 28 se publicó el Indicador Laboral de Comunidades Autónomos de la empresa de trabajo temporal Adecco, elaborado por el IESE (la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra), que revelaba que el salario medio de los españoles estaba en septiembre de 2006 en torno a los 1.553 euros mensuales que ya cobraban en 1997.
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