Si los delitos son la versión laica de los pecados, tiene su lógica que, una vez prescritos los de pensamiento, junto a los de palabra y obra se tipifiquen los de omisión. Y, al margen de la negación de auxilio o el encubrimiento, en esta variante de la maldad los pecadores más impenitentes, los condenados a quemarse en el noveno círculo del infierno sin posibilidad alguna de salir pese a su acreditada condición de trepas del cursus honorum, son sin duda los políticos.

El primero que podría arder en el fuego eterno es un alcalde castellanoleonés. Pero no el de Valladolid. A falta de pruebas tangibles, Javier León de la Riva se ha defendido convincentemente de las acusaciones de ese Pepiño Blanco que, no se sabe si por distribución de roles en el PSOE o por vocación personal, se empeña una y otra vez en hacer de poli malo (y tonto) en sus invectivas crispadas e insustanciales contra el PP. Es el de Béjar, Alejo Riñones, a quien el Juzgado de Instrucción nº2, en una resolución pionera, ha citado hoy como imputado por no hacer nada para suprimir el botellón.

Con todo, lo realmente interesante de este caso sería que sentara jurisprudencia, y que otros tribunales procedieran contra nuestros gobernantes por su flagrante abdicación a la hora de hacer realidad el derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución pero convertido en quimera inalcanzable para la mayoría de los jóvenes, incluido el hijo de León de la Riva. Desde luego, el texto de las dos sentencias anteriores del Supremo a las que se acoge el Juzgado de Béjar (“la responsabilidad cabe extenderla no sólo a los causantes (…), sino a los administradores públicos, a los que se debe exigir un escrupuloso cumplimiento de sus responsabilidades”) podría extrapolarse perfectamente más allá del delito de prevaricación ambiental que se imputa al alcalde por permitir el botellón, y aplicarse a este otro ámbito en el que las autoridades conocen tan “sobradamente” como Riñones la situación y el derecho ciudadano que deben garantizar.

Sólo haría falta una denuncia de un particular como el matrimonio damnificado de Béjar (podría haber cientos de miles) para que el TC tuviera que proceder igual que ha hecho el Juzgado de Instrucción. A ver si, con este precedente, le invitan por fin a actuar en el tema de la vivienda quienes sólo se acuerdan de él para que interceda por la literalidad constitucional del matrimonio entre hombre y mujer o de España como única nación posible.

 

 

Referencias y contextualización

El Juzgado de Instrucción número 2 de Béjar, en una resolución sin precedentes, citó el miércoles 22 a declarar como imputado del delito de prevaricación ambiental al alcalde de la localidad, Alejo Riñones, tras denunciarle un matrimonio bejarano por no haber hecho nada para impedir los botellones cuando había recibido todo tipo de avisos por parte de los ciudadanos.

Esta semana, además, había estado de actualidad la polémica por la asignación a un hijo del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, de un piso de protección oficial. Ante las acusaciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el regidor vallisoletano repuso que su hijo tenía un sueldo dentro de los márgenes establecidos para optar a una VPO y que, si él quería independizarse, en ningún sitio estaba escrito que los hijos de políticos no pudieran acogerse a los planes de vivienda, y que su única intervención había sido la normal de todo padre de avalar con 40 millones la hipoteca que había pedido el chico.

Dante y Virgilio, en La Divina Comedia, escapan del Infierno trepando por las barbas del Demonio.