En el cúmulo de despropósitos que ha sido el caso De Juana Chaos desde que, a comienzos de 2005, la opinión pública conoció su inminente salida de la cárcel por la reducción automática de condena que estableció el Código Penal de 1973, la verdadera infamia no la ha protagonizado el Gobierno. Contra el parecer de Juan Vicente Herrera y seguramente de los 30.000 castellanos y leoneses que salieron a la calle el viernes, no ha sido una infamia, en el sentido de maldad o canallada, lo que cometieron Zapatero o Rubalcaba, tanto da, concediendo la prisión atenuada al etarra.

Fue seguramente un error político que pasará factura electoral a cambio de casi nada, porque la vida del preso no le importaba ni a la dirección de la banda, con quien está enfrentado (no cabe pensar, por tanto, en que su excarcelación haya sido una cesión o rendición ante ETA), y es mucho suponer que su defensa del proceso de paz se vaya a traducir en un compromiso activo, y que con su liberación el Gobierno ganará un aliado influyente para reconducir a las bases abertzales a la vía política. Pero en ningún caso una infamia.

En la infamia, en su acepción de descrédito o desprestigio, cayó más bien la Audiencia Nacional cuando, violando todas las premisas jurídicas, se saltó la literalidad de dos artículos para enmendar retrospectivamente la benevolencia de un Código Penal que no imaginaba que ETA iba a durar 40 años. Ayer, el Tribunal Supremo argumentaba lo que cualquiera que se haya tomado la molestia de leer los textos de De Juana en Gara sabrá desde hace tiempo: que el primero de ellos, “El escudo”, no menciona a nadie en concreto, y que, aunque el segundo, “Gallizo”, sí cite los nombres de varios directores de prisiones, el que lo haga en un periódico abertzale no implica necesariamente que los esté poniendo en la diana. Es mucho más fácil interpretar que ha querido verter simples acusaciones personales como las que se leen a cientos todos los días en la prensa española. De hecho, ninguno de los funcionarios aludidos ha sufrido atentados desde la publicación de los artículos.

Ahora bien, no era al Gobierno a quien correspondía adelantar el fin de la condena, por arbitraria que ésta fuese y por mucho que la indujera en su momento a través del Fiscal General del Estado. Y mucho menos en recompensa a una huelga de hambre, porque, de cundir el ejemplo (como debería ser, para no incurrir en la arbitrariedad y la injusticia), los factores que decidirían dónde rinden cuenta los presos ya no serían el arrepentimiento o el buen comportamiento en la cárcel, sino la resistencia física y la fuerza de voluntad necesarias para dejar de comer. No cabe exigir los primeros a De Juana, dado que ya ha cumplido condena, pero sería una infamia reclamar las segundas a los reclusos que, sencillamente, no las tienen.

 

 

Referencias y contextualización

El jueves 29, el Gobierno decidió conceder al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos el segundo grado y la posibilidad de cumplir en casa el año y medio que le quedaba de condena. De Juana iba a salir de la cárcel en el transcurso del año 2005, debido a que la reducción automática de condena que establecía el Código Penal de 1973 le había permitido purgar sus 25 asesinatos con 18 años en prisión; sin embargo, cuando se tuvo noticia de la inminente liberación de un terrorista tan sanguinario y tan reacio al arrepentimiento, la Audiencia Nacional le procesó y condenó a 12 años y medio por las presuntas "amenazas terroristas" que vertió en dos artículos publicados en diciembre de 2004 en el diario Gara: "El escudo" y "Gallizo".

De Juana había protestado contra esta segunda condena poniéndose por dos veces en huelga de hambre en otoño de 2006 y, tras reducirle el Tribunal Supremo la condena a tres años (el martes 6 de marzo explicó sus razones), el Gobierno, apelando a su estado de salud, le concedió el segundo grado. Esta decisión generó un torrente de protestas de los adversarios de la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero, que le echaban en cara sus presuntas cesiones ante los chantajes de ETA. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afirmó poco después de la noticia que lo que el Gobierno había hecho era una "infamia" hacia las víctimas de De Juana; al día siguiente, como en otras muchas ciudades españolas, unas 30.000 personas salieron a la calle en las capitales de Castilla y León para protestar contra la concesión del segundo grado a este terrorista.

El artículo siguiente, "El PP ya tiene su Irak", trata de abundar en el provecho político que el "caso De Juana" podía suponer para los populares.