5 marzo 2003 |
Descentralización y bipartidismo |
Repasando los testimonios que se vertieron para la prensa en las celebraciones del XX aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se puede deducir que, a estas alturas, el concepto de descentralización ha sido consagrado universalmente como algo positivo. Bien. Supongamos por un momento que el traspaso de la administración de bienes y servicios a la competencia regional ha redundado en una admirable eficiencia y un servicio más completo al ciudadano, y que el dispendio en nuevos sueldos, dietas y construcción de sedes con cargo a los impuestos de todos ha quedado ampliamente compensado por la diligencia de la gestión. Supongamos. En cualquier caso, el pragmático no es más que uno de los objetivos confesos de las autonomías. El otro, el grande, el genérico, era, como dijo Dionisio Llamazares, conseguir una democracia real y participativa. Acercar la política a los ciudadanos. Pero para eso no falta una “segunda descentralización” de las comunidades a los municipios; para eso sobran los partidos. En el rato en que escribo este artículo, en el Congreso de los Diputados se estará dramatizando una nueva farsa de lealtades. Los representantes elegidos por el PP en cada una de las circunscripciones locales desaprovecharán la oportunidad de doble filo que se les concede para que voten en conciencia, y las voces discordantes de los últimos días cederán al dudosamente democrático principio de cohesión. En cuanto a los proclamadamente descentralistas o hasta federalistas grupos de izquierda, ya sabemos que, en Valladolid, la manifestación contra la guerra se dividió en dos porque los líderes políticos y sindicales no quisieron faltar a la movilización madrileña. En temas trascendentales como el de las pensiones, las leyes de parejas de hecho o la investigación con células madre extraídas de embriones, el país se encuentra dividido en dos en función de qué partido gobierna en cada comunidad. El PP se empeña en que esos temas son competencia de Madrid, para universalizar su propio criterio y abortar la posibilidad de que el PSOE saque algún rédito electoral del suyo. Los gobiernos socialistas, mientras tanto, se acogen a resquicios legales para sacar adelante sus iniciativas, pero siempre dentro de la disciplina y la coherencia de ideario del partido estatal. Ninguno de los dos dará carta blanca a sus representantes, ni llevará nunca hasta el final la introducción de listas abiertas, porque se frustrarían los intereses creados y desaparecería su razón de ser. La única descentralización posible, la única política de los ciudadanos, será la que traiga la democracia directa a través de Internet.
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Referencias y contextualización Los discursis oficiales del XX aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León ensalzaron unánimemente los beneficios que éste había reportado a la región, pero Dionisio Llamazares, primer presidente de la Junta con el PSOE, afirmó que todavía faltaba por avanzar en la construcción de una democracia real y participativa. El martes 4 de marzo, los diputados nacionales del PP votaron todos a una en favor de la política de Aznar sobre la guerra de Irak, a pesar de que en los últimos días algunos de ellos se habían mostrado públicamente en contra y se decía que muchos más la habían criticado en privado. La manifestación oficial contra la guerra en Valladolid se celebró el domingo 16 de febrero en vez el sábado 15 como en el resto del mundo, con el objeto de que los líderes locales de los partidos de izquierda y sindicatos acudieran también a la concentración masiva de Madrid; aun así, otros ciudadanos salieron a la calle el propio sábado, con lo que Valladolid se manifestó dos veces en dos días contra la invasión de Irak. Cuando la oposición socialista en las comunidades gobernadas por el PP reclamaban a éste una ley de parejas de hecho o en favor de la investigación con células madre extraídas de embriones, los Gobiernos regionales solían escudarse en que eso era competencia del Estado y ellos tenían que esperar a que el Gobierno central tomase la iniciativa (no lo hizo nunca, pues el PP siempre se mantuvo receloso de la apertura en estos temas). Sin embargo, comunidades en poder del PSOE como Andalucía o Castilla- La Mancha (también Cataluña y el País Vasco, gobernadas por los nacionalistas) sí habían tomado medidas autónomas aprovechando resquicios legales. Igualmente, regiones como Cataluña y Andalucía se proponían aumentar las pensiones por su cuenta.
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