Al estilo de ese hijo que se marchó de casa cuando apenas era un mozalbete y regresa después de hacer fortuna en América, vino Zapatero a pasear su éxito ante sus paisanos, tan seguro y tan sobrado como para permitirse el lujo de profetizar que el PSOE ganará las próximas elecciones autonómicas. Nadie puede negarle a estas alturas el tino con que, en su último mitin en la ciudad, anticipó su triunfo en las generales, pero, tras leer su segunda quiniela, a mí me vino furtivamente a la cabeza aquella frase tan simpática que le gritábamos en baloncesto al rival potrero que metía una canasta impensable y luego se empeñaba inútilmente en repetirla: “¡No todos los días son fiesta!”. Por lo pronto, ya fuera por no interferir en las decisiones internas del PSCyL, ya por no enfadar a su hasta ahora complaciente baraka pidiéndole cosas imposibles, Zapatero se abstuvo de señalar como candidato a Villalba y en cambio citó a los tres castellanos y/o leoneses que han impulsado desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la Ley de Igualdad y la Ley de Autonomía Personal.

El PSOE se ha afanado en destacar que ambas normas benefician a las mujeres. No del todo. Dejando al margen la obligatoriedad de la equiparación de sueldos, que nadie puede reprochar, es cierto que la paridad en la dirección de las empresas que establece la Ley de Igualdad deja un margen hasta el 60-40% suficiente para encumbrar sólo a personas de valía, y no a advenedizas favorecidas por las cuotas; con esa prevención, por mucho que la CEOE se queje de su intervencionismo sancionador y prefiera que la igualdad se sedimente poco a poco en la sociedad (una proyección de la famosa mano invisible que dicen que impone un orden en el mercado, supongo), el Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer uso de sus atribuciones para evitar que toda una generación de mujeres sea la última en sufrir los efectos de los prejuicios. Sin embargo, hay un punto fundamental en el que la capacidad discrecional del Ejecutivo se queda nuevamente a medias, y es que los permisos de maternidad siguen siendo más largos y socorridos que los de paternidad, cuando lo que hay que imponer “desde arriba” es la convicción de que el cuidado de los niños sí que ha de estar sometido a la paridad absoluta, para que un rol que es cultural, modificable, y no biológico como la capacidad de dar a luz, no se convierta en una tacha en el currículum de las mujeres y una cortapisa a su contratación.

Por su parte, la muy mal llamada Ley de Dependencia es justo lo contrario a ese apelativo: con una buena dosis de psicología, convierte a las personas que necesitan ayuda para desenvolverse en sus quehaceres cotidianos en el sujeto activo que decide cómo se va a organizar aquélla (ejerciendo un derecho como la sanidad o la educación, que también requieren de intermediarios como médicos y profesores), y no el objeto pasivo de un cuidado que, hasta ahora, casi siempre venía corriendo a cargo de las mujeres de su familia. Pero, tomando como opción por defecto la de los cuidadores familiares, como se está haciendo, las mujeres no van a librarse de esa carga asistencial que les impide realizarse profesionalmente, sino que se acogerán a la cómoda opción de cobrar por lo que ya hacían y no intentarán ensanchar sus horizontes. Y las personas dependientes tampoco llegarán a creerse clientes de un servicio al que tienen derecho, porque esa sensación es imposible cuando quien les está atendiendo es un familiar.

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