Acabo de firmar el Manifiesto por la Lengua Común, que dieciocho reputados intelectuales hicieron público hace quince días y este periódico ha asumido como lucha propia. Otras muchas veces he expuesto (me han dejado exponer) una opinión divergente de la línea editorial, así que espero que nadie interprete este artículo como una muestra de seguidismo o ganas de trepar.

No comparto todo lo que dice el Manifiesto, pero sí lo fundamental y lo que conlleva efectos prácticos. No me parece bien el título con que le han bautizado, cuando el texto precisa además que lo que defiende no es una lengua sino los derechos de los ciudadanos que quieran utilizarla y educarse en ella. Tampoco que diga (recurriendo a un criterio tan arbitrario como la Constitución) que el castellano es la única lengua que hay obligación de conocer, pero los muchos inmigrantes a quienes no se está exigiendo el castellano evidencian que ese “deber constitucional” es un brindis al sol que no constriñe la libertad de nadie, y, ciertamente, es útil y eficaz (no “para la democracia”, sino para el funcionamiento de la sociedad) que exista una lengua común que se emplee por defecto.

Suscribo lo demás: que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas”, que uno de ellos es que la administración les pueda atender en las lenguas cooficiales pero otro que lo haga en castellano, que el que aquélla deba disponer de funcionarios capaces de hacerlo no implica exigírselo a todos los empleados, que el sector privado ha de emplear el idioma que le parezca más oportuno o más rentable y, en definitiva, que no se puede imponer una lengua en la educación, las rotulaciones ni los parlamentos autonómicos.

Los nacionalistas defienden la llamada normalización alegando que el bilingüismo crearía dos comunidades o guetos diferenciados. Sin embargo, es el argumento opuesto al del derecho a hablar la lengua materna que esgrimieron para rescatar al catalán del ostracismo. Según el que les conviene ahora, podían haber normalizado en castellano y honrar a Franco como un campeón de la cohesión social.

El PSOE, por su parte, se ha retratado al apoyar expresamente el modelo lingüístico catalán en un momento en el que ni por oportunidad ni por debilidad tenía la menor necesidad de hacerlo, y luego tirar balones fuera replicando que el castellano goza de muy buena salud, también en Cataluña, o que el PP quiere hacer con la lengua lo que antes hizo con la bandera. No se trata de eso. El Manifiesto no pretende proteger las vacuas señas de identidad de una patria, sino impedir que las de otra se impongan con el beneplácito estatal sobre la libertad y el interés real de mucha gente, los dos únicos objetivos que han de perseguir los gobernantes.

 

Referencias y contextualización

El Manifiesto por una lengua común se puede leer aquí. Para suscribirse a él a través de la edición digital del periódico El Mundo, hay que hacer click en este enlace.