Cada vez es más difícil desmentir a los agoreros que advierten que la atmósfera política española experimenta un cambio climático, en ocasiones digno de ser calificado de calentamiento global. Si sólo ese escenario anómalo podía deparar un fenómeno insólito como que el PP defienda la redistribución de renta entre comunidades autónomas, fuera de él ya resulta imposible explicar una aberración contra natura como que un Gobierno del PSOE las obligue a presentar superávit en sus cuentas.

En el ecosistema regional, Pilar del Olmo anuncia acciones legales contra dicha exigencia, en una estrategia adaptativa similar a la de esos animalillos de la base de la pirámide alimentaria que toman la apariencia de otro más fiero para tratar de ahuyentar al depredador. Pero sucede que la gestión del sector público como una empresa privada la alumbró el Gobierno del PP, primero para pasar por el ojo de la aguja de Maastricht y luego porque la macroeconomía fue su baza para entrar en el reino de los cielos.

Ahora los socialistas se han vuelto más ratistas que Rato y ya no propugnan la demanda agregada de Malthus y Keynes, sino la productividad y la austeridad en el gasto. Ils laissent faire et passer, y después envían los beneficios al Fondo de Reserva de la Seguridad Social  ¿Qué va a reprocharles el PP? Al final va a resultar que ellos también saben jugar a este juego, por más que quienes vaticinaban que hundirían la economía digan ahora que no podían hacerlo porque la bonanza estaba garantizada por la buena gestión anterior.

El problema de la productividad del sector público, objetivo loable por lo demás, es que acaban pagándola los empleados en aspectos muy distintos a la eficiencia y la dedicación que debe exigírseles. Los mandos intermedios de la Sanidad o la Educación, deseosos de exhibir sus credenciales ante los superiores y cobrar el plus, no piden más personal ni una bolsa de sustitutos aunque lo exija el aumento de la carga de trabajo y uno y otra vayan a correr siempre de cuenta de los presupuestos y no de su bolsillo. En esas circunstancias, una de dos: o bien al funcionario le toca librar cuando convenga al servicio y no cuando lo solicite, o bien un compañero tendrá que duplicar su tarea y salir más tarde del trabajo.

Ya que tan buena es la productividad (esto es, la relación entre rendimiento y costes), propongo que los empleados se suban al carro y se apliquen el espíritu a sí mismos. En su caso, el rendimiento es el salario, una variable inelástica que no se puede estirar, así que para ser productivos tendrán que imitar a las empresas (las privada siempre y por lo visto ahora también las públicas) y recortar costes. Que, en su caso, son esfuerzo y horas de trabajo. A muchos funcionarios les va a encantar la idea.

 

Referencias y contextualización

La semana anterior, el Gobierno acordó con las comunidades autónomas fijar para las cuentas de éstas el objetivo de un superávit del 0,25% de su PIB. La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue la única representante autonómica que votó en contra (el resto de las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron), y el viernes anunció que estudiaría la posibilidad de recurrir la decisión a los tribunales dado que regiones como Castilla y León, no especialmente desarrollada y con un déficit público discreto, necesitan de la inversión pública para mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los ciudadanos.

La demanda agregada es un concepto acuñado por el economista John Maynard Keynes pero ya apuntado por Thomas Malthus y muy aplicado por los gobiernos socialdemócratas en el siglo XX que defiende las inyecciones económicas a modo de inversión desde el sector público como modo de activar la economía. Laissez faire, laissez passer ("Dejar hacer, dejar pasar") es un lema clásico del liberalismo.