Se puede discutir si los menores que matan son o no tan responsables de sus actos como un adulto. Igualmente, cuando un terrorista ha sido juzgado en base a un Código Penal indulgente que aún creía en la reinserción por estudios, puede interpretarse que no queda más remedio que soltarlo al cumplir su pena o que, por el contrario, es lícito proteger a la sociedad añadiendo ad hoc el requisito del arrepentimiento o recurriendo a subterfugios como que una pertenencia a banda armada termina al ingresar en prisión, y así demorar ad infinitum la salida del reo juzgándole una y otra vez por el mismo delito. A la vista está, por fin, que pueden hilarse argumentos válidos para sostener que ningún proceso político ha de interferir en los judiciales y también para defender como mal menor el agravio de algunas víctimas de ayer para evitar que haya más víctimas mañana.

Lo que no se puede consentir es que los culpables de una agresión con cincelado de esvástica incluido queden impunes de su delito (inexplicablemente, falta en el argot jurídico, una jerga tan convencional y arbitraria como cualquier otra pero en la que cada palabra tiene una cuantificación en días de cárcel) por prescripción del mismo. Primero, porque es absurdo que un hecho prescriba si no es para compensar a su autor por algún día de arresto o prisión preventiva injusta. Y, segundo, por la incuria que demuestra el que nadie en el Juzgado de Menores de Valladolid haya sacado las lecciones pertinentes del reciente aviso del sumario del 11-M, en el que algunos acusados podían salir en libertad si el juez Del Olmo no se ponía las pilas. Con un antecedente tan conocido, no extraña que la víctima de la agresión se pregunte si el error garrafal no se habrá debido a que los neonazis han gozado de la protección de alguien influyente.

En los ejemplos arriba citados se observa que los debates jurídicos –intereses políticos aparte- se dirimen casi siempre entre la letra y el espíritu de las leyes. Entre la concepción del Derecho como una normativa rígida de la que sólo cabe esperar su aplicación directa y la visión más flexible que lo entiende como un instrumento cuyo espíritu es proteger a la sociedad y reinsertar a los delincuentes, y que por tanto debe contemplar la posibilidad de establecer sesgos o matices si redundan en en un mejor servicio a tales objetivos.

Pues bien, este caso, desde el punto de vista de la literalidad y el rigor del Derecho, es obviamente una chapuza, porque ha salido indemnes dos culpables. Pero es que en su espíritu, la condición de neonazi del agresor de la chica de las Delicias lo convierte en una catástrofe. Gracias al descuido que ha permitido la prescripción de su delito, ahora tenemos en la calle a un tipo violento (su compañero permanece encerrado por las agresiones similares de Parquesol) que no se va a arrepentir, que volverá a hacerlo, tan consciente de sus actos que actúa siguiendo un ideario y, por si fuera poco, sus convicciones, ya de por sí basadas en la fantasía de su superioridad, se verán realimentadas al haber burlado a la justicia del sistema que desprecia. Un desastre.

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