7 julio 2004 |
La derecha, la izquierda y las
ayudas europeas al campo |
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Si a las Cortes de Fuensaldaña las diera un día por poner en práctica esa iniciativa tan divertida que consiste en declarar a alguien persona non grata, no cabe duda de que, al menos mientras Rodríguez de Francisco siga de parlamentario, quien tendría todas las papeletas sería Franz Fischler. El comisario se ha convertido en una especie de muñeco de vudú en el que clavar todos los alfileres de los recelos regionales hacia el ancho mundo, y en la coartada perfecta para que PP y PSOE muestren regularmente su solidaridad con los votantes rurales en un simbólico ladrido a la luna. El último en investirse de perro guardián de nuestros campos ha sido José Valín, calificando de “inaceptable” el recorte en cuota y ayudas a la producción de azúcar que aprobará el Consejo de Ministros del 19 de julio en Bruselas. Lo curioso es que, si tuvieran un mínimo de coherencia teórica, ni la derecha ni la izquierda se atreverían a cuestionar la política de Fischler, que por otra parte no es de Fischler sino de la OMC. Un adalid del liberalismo como el PP y también la corriente afín del PSOE deberían saber que el desacoplamiento o desvinculación de las subvenciones respecto a la producción es un imperativo canónico del libre mercado. En esa dirección han ido las sucesivas reformas de la PAC de 1992, 1999 y esta última personificada por Fischler, debidas a que la OMC, EEUU y los países del Grupo Cairns censuraron un sistema de ayudas que multiplicaba los excedentes y distorsionaba los precios y el libre juego de la oferta y la demanda. Pero es que igualmente la izquierda social y política carece de argumentos a favor de un intervencionismo que dificultaba a través de los aranceles la entrada de los productos de los países agrícolas en Europa, como repetidamente han señalado los antiglobalización; y que además perjudicaba a las familias humildes, las que gastan un porcentaje mayor de su renta en alimentación y están especialmente interesadas en la libre competencia en el sector. Por supuesto, también existen nuestros agricultores, y un sistema de subsidios compensatorios sin incidencia en el mercado como el que se va imponiendo es justo y necesario. Si fuera insuficiente, nuestros políticos deberían negociar, claro, pero sólo después de explicar a la opinión pública el complejo conflicto de intereses que subyace a la PAC, y releerse sus respectivos catecismos antes de clavarle un nuevo alfiler al muñeco de Fischler. |
Referencias y contextualización José María Rodríguez de Francisco era uno de los parlamentarios más polémicos de las Cortes de Castilla y León, cuya sede es el castillo de Fuensaldaña en Valladolid. Leonesista a ultranza, sus años en la Unión del Pueblo Leonés habían estado salpicados de altercados dialécticos con los portavoces de otros partidos en las Cortes. Ahora hacía pocos días que se había escindido de la UPL por discrepancias con el líder de la formación, Joaquín Otero. El Grupo Cairns, fundado en 1986, es una asociación de 17 países que defienden el fin del intervencionismo estatal en el mercado mundial de los productos agrarios. Está compuesto por Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay, y en los últimos años ha contado con el acercamiento a sus posiciones de los Estados Unidos. Todos estos países han presionado en las rondas de conversaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que la Política Agraria Común (PAC) de la UE renuncie a fijar aranceles a la importación y desvincule de la producción las subvenciones a los agricultores de los países europeos. La política del comisario para la Agricultura, la Pesca y el Desarrollo Agrario, Franz Fischler, había estado orientada por esta consigna liberal, además de restringir las cuotas de producción para evitar el colapso del mercado continental. |
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