9 noviembre 2005
Los límites del derecho de huelga
 

Es una de las últimas cosas que no se pueden decir, y por tanto también una de las que más falta hace que se vayan diciendo. Porque es verdad. Se debe regular el derecho de huelga, mucho más allá de la garantía de unos servicios mínimos.

Lo afirmó el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, justamente cabreado por el colapso circulatorio que provocó la movilización de los técnicos sanitarios. “Hay que distinguir el derecho de huelga del derecho de hacerle la vida imposible a los ciudadanos”, decía, sugiriendo que la protesta podía haberse hecho igual en la acera. Y la alternativa puede sonar peregrina, porque por inercia asumimos el presupuesto que expresaba el portavoz de los técnicos de que causar molestias es la única manera de que se los escuche. Pero, si no damos las cosas por sentadas, es obvio que algo chirría en los modos huelguísticos, y que la vista gorda a la hora de aplicar el artículo 496 del Código Penal, que penaliza expresamente los piquetes informativos, denota que la izquierda y lo políticamente correcto siguen gozando de un plus de indulgencia.

Uno puede hacer lo que quiera con sus propias actividades. Por ejemplo, puede dejar de trabajar si considera que su contrato ha llegado a ser injusto por cualquier motivo (por antonomasia, la no actualización de los salarios a los precios generales o de productos esenciales como el gasóleo) y presionar así a su empleador, ya sea éste público o privado. También es comprensible que se garantice que los trabajadores que se arriesguen a tensar la cuerda no se van a ver represaliados después, catalogando cualquier acción en este sentido como despido improcedente; el primero que lo dispuso fue Disraeli en Gran Bretaña en 1869, al decretar que una medida colectiva de presión no sería punible si no lo era el acto en sí mismo cometido por una persona.

Sin embargo, la laxitud con los huelguistas ha llegado al extremo de que se les consientan coacciones que serían castigadas a cualquier otro ciudadano, como impedir el tráfico rodado, insultar “informativamente” a los empleados que decidan ir a trabajar o hasta quemarles los camiones, como en los estertores de la movilización de los transportistas. Y eso ya son daños arbitrarios, no necesarios sino convencionales. Los admitimos porque ésa es la tradición sindical, pero estrictamente no contienen menos ilegalidad que si la práctica coercitiva al uso fuera, pongamos por caso, cortar el cuello a los hijos de los esquiroles.

Si unos trabajadores en huelga quieren vengarse de la insolidaridad de un compañero o de un ciudadano, tendrán que dejarle de hablar o negarle un favor, pero no es de recibo que, para combatir un abuso empresarial, puedan obligar impunemente a nadie a perder un jornal o tres horas en un atasco.

 

 

Referencias y contextualización

El miércoles 2, los técnicos sanitarios vallisoletanos, dentro de una huelga sectorial en toda España que reivindicaba que sus estudios de FP pasaran a ser universitarios, ocuparon el paseo de Zorrilla, arteria clave de la capital castellana, y provocaron un caos circulatorio en el centro de la ciudad. El alcalde, Javier León de la Riva, declaró al día siguiente que se hacía necesario regular el derecho de huelga, ya que éste no equivale al "derecho de hacer la vida imposible a los ciudadanos". A su vez, el portavoz de los manifestantes, Ignacio Yllera, aclaró que ellos eran los primeros interesados en que la situación se arreglara, pero que ésta era la única forma de conseguir que la Administración les hiciera caso.

Durante el mes anterior, se habían sucedido en España los paros de los agricultores, los pescadores y los transportistas, sectores especialmente afectados por la subida del precio del gasóleo. En el caso de los transportistas, y a pesar de que para entonces el Gobierno ya había llegado a un acuerdo con las asociaciones convocantes (no sindicales, ya que los tranportistas son autónomos) y la movilización se había desconvocado, algunos huelguistas que lo desconocían llegaron a prender fuego a algunos camiones que estaban circulando.

 

 

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