Me da la impresión de que ni Juan Vicente Herrera ni Ángel Villalba tienen una gran confianza en la Justicia. Si me apuran, diría que tampoco José Merino, el vocal del CGPJ que ha organizado en Valladolid las Jornadas Anuales de Presidentes de Audiencias Provinciales. Qué otra razón podría explicar si no el que, en dicha convocatoria, por un lado Herrera y Merino mostraran su recelo a la fragmentación del poder judicial, y, por otro, Villalba culpara a la Junta de demorar la asunción de las competencias en este ámbito, que según él permitiría “un mejor trabajo, de más calidad y más cercano a la gente en la propia Comunidad”.

Sospechar que la Justicia va a ver su labor menoscabada o realzada según el máximo órgano judicial sea uno o 17 y en función de sí se encuentra en Madrid o en Valladolid equivale a cuestionar nuestros principios jurídicos más sagrados. Quienes alertan de que la descentralización de la Justicia va a hacernos desiguales ante la ley temen que, aunque los delitos estén tipificados en el Código Penal, los magistrados de una comunidad los van a interpretar de manera distinta a los de otra, y que el Supremo no podrá uniformizar doctrina si deja de ser la única instancia jurídica definitiva. Esto es tanto como negar la objetividad, imparcialidad y literalidad del Derecho. De igual manera, los que piensan que la Justicia tendrá más calidad o cercanía si se administra desde Castilla y León están descartando implícitamente el dogma de su universalidad.

La descentralización de la Justicia ha hecho saltar las alarmas en muchos ciudadanos, a los que, por alguna extraña razón, no ser iguales ante la ley les resulta más inicuo que el que cada comunidad tenga su cartera de servicios sanitarios, destine un porcentaje diferente de su suelo a viviendas de protección oficial y suba o baje determinados impuestos a su antojo. Sin embargo, en Valladolid hemos comprobado la diversidad de criterios con que dos magistrados de la misma jurisdicción han juzgado las agresiones de neonazis, y no hace falta recordar los cambios en la jurisprudencia con que la Audiencia Nacional ha procedido contra el entorno abertzale.

No le reprocharía a nadie que desconfíe de la universalidad y la objetividad de la Justicia, porque motivos tiene para ello, aunque más debidos a que la administren seres humanos con sus propias ideas y motivaciones que a la procedencia de éstos. Lo que ya no creo es que Herrera, Villalba y el juez Merino hayan advertido que sus palabras traslucen tal desconfianza, porque si no no habrían sido tan política y jurídicamente incorrectos

 

Referencias y contextualización

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Ángel Villalba, llevaron a las Jornadas Anuales de Presidentes de Audiencias Provinciales la visión de sus respectivos partidos tras convertir el nuevo Estatuto de Cataluña a su tribunal superior autonómico en la última instancia jurídica en su jurisdicción. El PP protestaba contra la presunta ruptura del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, y el PSOE abogaba por descentralizar la Justicia para contener la saturación del Tribunal Supremo.

En Valladolid, dos agresiones casi idénticas en las que neonazis habían agredido a dos chicas jóvenes de tendencia izquierdista habían sido consideradas en el primer caso como delito y en el segundo como falta, con la consiguiente diferencia en ambas penas. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón transformó la jurisprudencia sentada por sus compañeros en los procesos contra el entorno abertzale al pasar a considerar a gran parte de sus organismos como subsidiarios de ETA, y por tanto susceptibles de haber cometido delito de pertenencia a banda armada.