11 enero 2006
Palabra de militar
 

En España, cuando un militar abre la boca, tiemblan las estructuras. Nuestra democracia ya se encuentra en edad casadera, pero la hemos mimado tanto, la hemos tratado de proteger con tal afán paternal de su oscura génesis, que la pobre no termina de madurar, sigue sin conjurar sus traumas infantiles y su desarrollo sexual permanece estancado en la fase de adoración del falo castrense.

Es una obsesión que afecta por igual a sádicos y masoquistas: al teniente general palentino que conserva en su imaginario la posibilidad del pronunciamiento; a quienes se han solidarizado con él, nostálgicos del poder semental del ejército para someter a las doncellas desdeñosas de la periferia, y también a éstas últimas, que se apresuraron a recrear el castigo del golpismo aludiendo a los generales “forasteros y estúpidos de la Meseta” que desean “asesinar a civiles catalanes”, aunque José Mena, en Sevilla y en Valladolid, consideró “afortunadamente impensable” e “imposible” que se franqueen los límites que, según él, tendría que restaurar el artículo octavo de la Constitución.

En realidad, ningún exceso justifica una intervención del ejército. Con autorización gubernamental o sin ella. Por mucho que Mena apele a su palabra de garantizar la unidad de España y que el tropel de defensores que le han salido en la derecha sociológica disfrace ese ideal como “defensa de la Constitución”, ni una ni otra pueden prevalecer sobre la voluntad democrática de un colectivo. En esto tienen razón las juventudes de ERC, aunque luego demuestren su inconsistencia intelectual al extender la jurisdicción catalana sobre otros països que ignoran la opción nacionalista en todos los comicios.

Sin embargo, habría que relativizar las palabras de un soldado también en otro sentido. Exigirle que mantenga la neutralidad política cuando no lo hacen los altos cargos ejecutivos ni judiciales es un anacronismo sólo comparable a otras cortapisas absurdas que sufren los miembros del estamento militar, como la imposibilidad de recurrir al Supremo o la no regulación de su derecho de huelga o sindicación, que les impide reclamar, por ejemplo, la gratuitad de los medicamentos cuando se jubilan. Todo por la patria y a callar. La circunstancia anómala pero inevitable de que los militares tengan la exclusiva de la posesión de armas les debe obligar a anteponer la obediencia al Gobierno a sus ideas personales, no a abstenerse de intervenir en el debate público como cualquier otro sector de la población. Distinguir claramente entre ambas vertientes, que es lo que hacen todos los profesionales encargados de aplicar las leyes, evitaría un buen número de confusiones y escalofríos bastante poco deseables.

 

 

Referencias y contextualización

El teniente general José Mena Aguado, natural de Palencia y general jefe de la Fuerza Terrestre, afirmó el viernes 6 en la celebración de la Pascua Militar en Sevilla que, si los límites constitucionales fuesen sobrepasados por algún Estatuto de Autonomía," lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución". Este artículo dice: "Llas fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional".

Estas declaraciones, al calor de la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, levantaron de inmediato una fuerte polémica, aunque el teniente general Mena ya había mencionado la pasada fiesta de Santiago, en Valladolid, que existían "mecanismos" para impedir la aprobación de estatutos autonómicos inconstitucionales. Vecinos del municipio de Antigüedad (Palencia), donde había nacido Mena, se pusieron de su parte, así como otros lectores en cartas al director. Las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya, en cambio, se refirieron a los militares "de la Meseta" con expresiones como las reproducidas en el artículo y hasta se manifestaron con pancartas como "Ejército español: suspenso en democracia" y reclamando la retirada de éste de los llamados "països catalans".

Sigmund Freud concebía las perversiones sexuales como estancamientos del desarrollo sexual de la persona en una fase infantil.

 

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