Tiene mucha puntería el verbo que se ha impuesto para designar la compatibilización de la vida familiar y la laboral: “conciliar”, esto es, armonizar dos posiciones o actividades opuestas. En cierto sentido lo son, porque el día es irremediablemente finito, nuestra servidumbre biológica nos obliga a reservar una parte a conciliar otra cosa, y ya sabemos que el tiempo que nos va a ocupar el trabajo se lo vamos a tener que hurtar a la familia. Si a lo largo de la Historia no ha sido así es porque los hombres se encargaban de uno y las mujeres de la otra. Pero, ahora que éstas tienen por fin ocasión de promocionarse personalmente, los dos cónyuges que trabajan se encuentran con que las empresas no son ONG y nadie puede obligarlas a correr con los costes de reducir o flexibilizar el horario a un empleado.

Las administraciones públicas han salido al quite y ya asumen que la conciliación es un tema que les compete. Dentro de esta mentalidad se incluyen las 190 actuaciones que ha diseñado la Junta de Castilla y León, sufragadas con un presupuesto de 700 millones, parte de los cuales se dedicarán a recompensar a las empresas que flexibilicen la jornada laboral.

A nadie le puede molestar que los poderes públicos se impliquen en esta materia, que agobia a miles de parejas, pero no deja de ser paradójico que intervengan en ella cuando, en el resto de ámbitos, sólo lo hacen cuando se trata de garantizar derechos fundamentales (sanidad, educación, vivienda), compensar reveses de la fortuna (pensiones) o premiar actividades beneficiosas para la sociedad (incentivos y deducciones por eficiencia energética, responsabilidad social). Tener niños no entra en ninguno de los dos primeros supuestos, y sólo puede admitirse en el tercero si su contribución a las pensiones cuando sean adultos compensa lo que se invirtió en ellos durante su infancia en vez de engrosar las arcas de la Seguridad Social. La supervivencia de la especie ni está en peligro ni supone ningún beneficio para la ciudadanía de hoy, así que, si la balanza saliera negativa, habría que concluir que procrear es un capricho particular y egoísta de las parejas. Por tanto, éstas deberían arreglárselas solas a la hora de sacar tiempo para atender a sus consecuencias, y no reclamar a las Administraciones otra cosa que la construcción de guarderías y colegios, pues la garantía del derecho a la educación sí se considera obligación suya. La única injusticia, que es que el peso de la doble tarea recaiga casi exclusivamente en la mujer, tampoco es asunto de los poderes públicos sino de cada hogar.

Es duro decirlo, pero, en sentido estricto, las políticas de conciliación implican que los ciudadanos solteros o sin hijos estén pagando con sus impuestos parte de los gastos y contratiempos que se sabía de antemano que iba a conllevar la decisión libre de quienes han querido y podido tenerlos. Y eso sí que no es justo.

 

 

Referencias y contextualización

Las 190 medidas tomadas por la Junta de Castilla y León para fomentar la conciliación se detallan aquí.