El condado de Treviño y Gibraltar tienen una cosa en común: casi todos sus habitantes están de acuerdo en a qué entidad jurídico-administrativa superior quieren pertenecer. Los territorios pequeños donde existe una voluntad tan unánime son los únicos en los que tiene sentido ejercer conjuntamente la autodeterminación. A los demás siempre se los podrá descomponer en otros menores con el mismo derecho a decidir a cuál se adscriben, hasta llegar en último término al individuo, cuyo sentimiento nacional, igual que el religioso, no puede someterse al que albergue la mayoría de sus vecinos.

La diferencia entre ambos casos es que en Treviño, de momento, la ley y la fuerza militar que la puede imponer están contra esa voluntad, mientras que los gibraltareños ya son legalmente lo que quieren y tienen de su lado al Reino Unido a partir un peñón con ellos. Por eso asombra que España insista en reivindicar el tema de la soberanía, en el que se ponga como se ponga no tiene nada que hacer. Antes de resucitarlo, el ministro Margallo debía haber sopesado si estaba dispuesto a enviar a la Armada Invencible o a perder un nuevo Trafalgar.

Exteriores alega ahora que su intención es defender los intereses de los pescadores, pero lo cierto es que éstos estaban perfectamente a salvo con el Gobierno socialista, que, aunque oficialmente no renunciara a la soberanía sobre el Peñón, tenía contento a Gibraltar obviando en la práctica la cuestión y creando el Foro Tripartito, que ponía a un mismo nivel a dos estados y la colonia de uno de ellos. Eso es proteger las necesidades de personas reales y no supeditarlos a los supuestos intereses de una entidad colectiva llamada España, que hasta donde yo sé no tiene conveniencias ni apetencias únicas, como un todo, ni la capacidad de sentirse ultrajada.

Porque, vamos a ver, ¿resulta tan ofensiva esta equiparación tripartita entre desiguales que repatea a Margallo? Pues hombre, una ofensa sólo es tal cuando alguien se siente ofendido. En este caso, españoles que se dicen liberales y, sin embargo, sienten como propia la presunta honra nacional y añoran una antigua propiedad comunal de España, la figura jurídica que eliminó el liberalismo. Si no se les viera tanto el plumero patriótico, serían mucho más creíbles y eficaces la defensa de los pescadores y las denuncias contra los supuestos fraudes y privilegios económicos del Peñón.

Me declaro técnicamente incapaz de dirimir qué bando tiene razón en las discusiones sobre a quién pertenecen las aguas de Gibraltar según el Tratado de Utrecht y la legislación internacional y sobre si la construcción del arrecife artificial es beneficiosa o perjudicial para el medio marino. Pero parece cabal que una población, en concreto la gibraltareña, disponga como le parezca oportuno de sus aguas circundantes. Y, en cualquier caso, es que lo va a hacer, diga lo que diga y haga lo que haga España: porque las tiene al lado y porque una potencia naval se lo garantiza.

 

 

Referencias y contextualización

El condado de Treviño es un enclave de la provincia de Burgos situado geográficamente en la de Álava. En 2013, un cambio de gobierno en el ayuntamiento de su capital motivó el inicio de los trámites para unirse a esta segunda. El conflicto de Gibraltar se reavivó con el ascenso simultáneo al poder del PP en España y del Partido Laborista en el Peñón; el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, José Manuel García-Margallo, impugnó desde el principio el Foro Tripartito puesto en marcha por su predecesor socialista Miguel Ángel Moratinos al considerar que las discusiones debían establecerse o bien a dos, entre Madrid y Londres, o bien a cuatro, incluyendo a las entidades infraestatales: Gibraltar y el Campo de Gibraltar o la Junta de Andalucía. En las últimas semanas, el conflicto se había reavivado al ordenar el Gobierno gibraltareño la construcción de un arrecife artificial en aguas que una parte consideraba británicas y la otra españolas, donde solían faenar pescadores de esta segunda nacionalidad.