Referencias y contextualización

El domingo 20 de febrero se iba a celebrar en España el referéndum sobre la Constitución Europea, cuyo desconocimiento entre los españoles alcanzaba el 90%, según las encuestas. La aprobación de la Constitución por todos los estados miembros, aparte de reconocer los derechos de los ciudadanos europeos, dotar a la UE de personalidad jurídica, matizar el reparto de competencias entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión y dar algo más de empaque a su política exterior, serviría para revocar el reparto de escaños consagrado por el Tratado de Niza. Esta sustitución había dado mucho que hablar en España por la pérdida de poder que le suponía en el Consejo Europeo, apenas compensada por un aumento de su relevancia en el Parlamento. La Constitución, lejos de avanzar hacia una federación, consolidaba una Europa de los Estados en la que éstos se limitaban a ceder algunas competencias y se reservaban el derecho a vetar muchas de las resoluciones del Consejo, que requerirían unanimidad.

En la campaña electoral, el Gobierno socialista había apostado claramente por el Sí a la Constitución, destacando fundamentalmente los valores que Europa representaba y vinculando el progreso de la UE a la victoria del Sí en el referéndum. El PP había pedido también el Sí con algunos matices y reservas, porque denunciaba que el referéndum se planteaba como un plebiscito a la política de Zapatero y porque la Constitución no recogía en su preámbulo ninguna referencia al legado cristiano que, en su opinión, subyace a Europa. Por esta razón, dirigentes del partido como Ángel Acebes y Manuel Fraga, aun compartiendo la apuesta por el Sí, habían efectuado algunas declaraciones ambiguas en las que parecían no ver con malos ojos la abstención; en el mismo sentido se había pronunciado la Conferencia Episcopal.

Entre los partidarios del No a la Constitución, ERC y EA criticaban sobre todo que ésta no iba a promover una "Europa de los Pueblos", e IU la desproporción entre la defensa detallada que se hacía del libre mercado y la productividad y el tratamiento genérico que se hacía de los derechos sociales, entre los que, por ejemplo, no figuraban el derecho al trabajo ni a la vivienda, aunque sí el "derecho a trabajar".

El polémico preámbulo de la Constitución Europea, en el que algunos echaban de menos una referencia explícita al cristianismo, proclamaba que los firmantes se inspiraban en "la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho,que están en el origen del reconocimiento de los derechos del hombre". Y fue la llamada Constitución francesa del año I, promulgada el 24 de junio de 1793 por la Convención jacobina, el primer texto jurídico que establece la soberanía popular y el sufragio universal directo, se detiene en detallar derechos individuales como el derecho al trabajo y el derecho a la asistencia y hace al Estado responsable de garantizarlos.

Además, al inicio del período de hegemonía jacobina, las fiestas cristianas se sustituyeron por celebraciones laicas que glorificaban la razón y la libertad, aunque poco después Robespierre las sustituyera por el culto deísta al Ser Supremo y se autoerigiera en sacerdote del mismo. En el momento álgido de su imperio, Napoleón I, que en su juventud había sido simpatizante jacobino, llegó a controlar directa o indirectamente toda Europa occidental y central con excepción de Gran Bretaña (cuya transición a la democracia se desarrolla de forma más o menos autónoma), y en todos sus dominios puso en vigor códigos civiles inspirados por el francés. A pesar de las limitaciones que pudieron suponer la megalomanía, el conservadurismo y el pragmatismo de Bonaparte, los valores jurídicos y culturales que aquéllos uniformizaron fueron una semilla de los sucesivos levantamientos populares contra los monarcas de la Restauración y las nuevas élites burguesas a lo largo del siglo XIX.

Carlos Iturgáiz, diputado del PP en el Parlamento vasco, fue sorprendido en una votación en invierno de 2004 apretando el botón del escaño de un compañero de partido que estaba ausente en esos momentos, lo que le supuso la sanción correspondiente. La decisión de expulsar a uno de los concursantes del popular programa de televisión Gran Hermano correspondía en último término a la votación de los televidentes. La polarización de la situación política vasca en torno a dos bloques, el nacionalista y el constitucionalista, había hecho que éste último identificara al PNV y a Batasuna por permitir conjuntamente con sus votos la aprobación del Plan Ibarretxe en el Parlamento autonómico, y, a su vez, el PNV estaba empeñado en demostrar al electorado vasco que el PP y el PSOE eran lo mismo, ya que juntos habían rechazado el citado Plan en el Congreso de los Diputados.

En "Desmitificación del voto en blanco" se puede hallar un intento de demostrar, por un lado, que matemáticamente una abstención es lo mismo que un voto en blanco, y, por otro, que cualquiera de los dos sólo tiene sentido cuando las opciones disponibles resultan exactamente igual de atractivas (o de poco atractivas, en este caso).