Seamos honestos. Cualquier nueva formación política que se registrara con unos estatutos como los de Sortu (que, significativamente, significa “crear” o “nacer” en euskera, ambos verbos desde la nada) habría sido convalidado “sin ambages” y hasta premiado por su esfuerzo de pedagogía al explicitar unos principios que las demás dan por sentados. Apuesta exclusiva por las vías democráticas, rechazo de cualquier “violencia política” (que no es ninguna justificación, sino la pura definición del terrorismo) y de la connivencia con quienes la practican, expulsión de los militantes que la justifiquen... Casi parece que los estatutos los hubiera redactado un amanuense trasladando fiel y concienzudamente la Ley de Partidos.

Por ser vos el hijoputa que sois, los demócratas, que somos nosotros, les impusimos un requisito adicional: que rechazaran expresamente a ETA y no una especie de violencia génerica como si fuera un fenómeno atmosférico inherente a lo que ellos llaman el “conflicto político”. Ahora que han pasado por el aro (más bien, por debajo de la mesa), algunos pretenden que abjuren en público de la trayectoria terrorista que respaldaban, no ellos, sino sus supuestos antecesores. Francamente, si yo fuera el PP, no osaría mostrarme muy exigente con el criterio de la genealogía.

Admito que Batasuna se ha ganado a pulso la desconfianza, que su ilegalización ha ayudado a asfixiar a ETA y que ahora, con la guerra ganada, la gente quiera pasar factura por el sufrimiento de tantos años. Pero hemos llegado a un punto en que se parte de la premisa de que toda iniciativa política de ese entorno es una continuidad de aquélla, aunque ponga por escrito lo contrario. O, como reza el agudo trabalenguas de Rubalcaba, ya no se trata de ilegalizar un partido, sino de que ese partido deje de ser ilegal.

El problema no es sólo que de esta forma se impida eternamente a unos individuos presentarse a las elecciones en virtud de su indemostrable pertenencia a un grupo y a una estirpe, ni que se invierta la carga de la prueba. Es que, si se les fijan unos requisitos, los cumplen y luego tampoco bastan, a ver qué desilegalizador es suficientemente bueno para devolvernos a la normalidad de un país sin terrorismo donde todos los partidos estén permitidos.

 

Referencias y contextualización

El lunes 7, la izquierda abertzale presentó un nuevo partido político, Sortu, que aseguraba no ser una sucesión, sino una ruptura, respecto a la ilegalizada Batasuna, y que rechazaba "sin ambages" el uso de la violencia y "en particular" la de la banda terrorista ETA, con el objeto de poder presentarse a las elecciones municipales de mayo en el País Vasco y Navarra. También aseguraba que expulsaría de sus listas a cualquier candidato que no compartiera ese rechazo. El martes, saltó la polémica porque uno de sus promotores, Rufino Etxeberría, habló de "violencia política" al reiterar este rechazo. El PP dijo desde el principio que el nuevo partido era una nueva marca de Batasuna y que por tanto no se le debía permitir presentarse a las elecciones. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, llevaba meses planteando la situación indicando que no se trataba de ilegalizar a un partido, sino de que un partido que ya era ilegal demostrara que habían desaparecido las razones de su ilegalización; es decir, que ETA desapareciera o que Batasuna rechazara expresamente a ETA.