Pida el rescate o no, Castilla y León se librará por parentesco de la regañina con que Rajoy suele justificar su voto de apretar hasta la castidad el cinturón de las administraciones: “Hemos vivido del crédito. Las familias y las empresas no se gastan lo que no tienen”. En realidad, las familias tiran de crédito para pagarse una casa, un coche o unas vacaciones, y los empresarios, cuya iniciativa y valor para arriesgarse tanto ensalza, adelantan una inversión con la que ponen en marcha el negocio y hacen frente a sus costes fijos. Un anticipo que luego esperan recuperar y rentabilizar con los beneficios, a menudo después de varios ejercicios. El problema, para el sector público y para el privado, sobreviene cuando tales ingresos no llegan. Entonces el déficit previsto para todo el año se sobrepasa en agosto y hay que inhalar compulsivamente del IVA aunque el Gobierno diga que lo hace con la nariz tapada.

Criticar el exceso de gasto público en conjunto para congeniar con el cabreo ciudadano por los despilfarros, cuando la inmensa mayoría del dinero de las administraciones lo absorben sus costes fijos (sanidad, educación, subsidio de paro...), es una metonimia tramposa a la que recurre cada vez más el Gobierno para vender sus medidas a la opinión pública. La verdad es que hasta ahora no me he creído el mensaje que lanzan los socialistas de que el PP, en realidad, se está sirviendo de la crisis económica para colar una reforma ideológica, pero confieso que este tipo de argumentos, que no se limitan a justificarse en la falta de presupuesto sino que pretenden extender en la sociedad una mentalidad muy concreta arrojando sospechas contra determinados colectivos, me empiezan a hacer pensar que igual he pecado de ingenuo.

Por ejemplo, se señala a quienes atesoran medicamentos en casa como coartada para subir el precio de los mismos a casi todos los ciudadanos. O se enfatizan los abusos del turismo sanitario para luego imponer condiciones ad hoc a los inmigrantes irregulares, como si España fuera propiedad de los autóctonos y ellos unos invitados que tienen que presentar un salvoconducto especial para justificar la estancia, y como si su situación ilegal no se debiera a los papeles que les han escatimado precisamente sus contratadores españoles, para no cotizar por ellos a la Seguridad Social.

Otro tanto ocurre con el personal de la Sanidad pública: en lugar de perseguir los casos concretos de médicos, enfermeras y celadores que ralentizan fraudulentamente su trabajo matinal para cobrar peonadas por la tarde, el Gobierno extiende la sospecha sobre la eficiencia de todos para luego introducir una distinción salarial según la productividad de cada uno, que lo único que hará es incentivar aún más las atenciones apresuradas y por tanto ineficientes.

Finalmente, el Gobierno se ha permitido dudar también de los beneficiarios de las ayudas de 400 euros, de los que se insinúa que el subsidio que perciben no contribuye a estimular que hagan todo lo posible por recolocarse. Como si el que sólo encuentre trabajo el 6% de los parados que reciben esta asignación fuera consecuencia de que se conforman con ella y no de la cruda realidad de que no lo hay. Por cierto, que, si, como alega el PP, ésta es una ayuda que se ve obligado a conceder a “los parados de Zapatero”, habrá que convenir en que el 94% restante lo son también de Rajoy.

 

 

 

Referencias y contextualización