Más allá de menudencias formales, personales y estéticas, las peripecias de Sánchez Gordillo plantean un debate de fondo trascendental, sobre todo si sientan precedente y cunde su ejemplo entre las verdaderas víctimas de la crisis. Un debate que enfrenta derechos con derechos, libertad con libertad, la letra y el espíritu de la ley, y que, en definitiva, atañe a las bases mismas de nuestro modelo de convivencia.

Los adversarios del alcalde de Marinaleda arguyen que el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley y proteger el derecho a la propiedad privada, y ponen el grito en el cielo cuando Izquierda Unida relativiza su importancia. Muchos de ellos son los mismos que a la vez consideran lógico y razonable supeditar a la disponibilidad presupuestaria otros derechos igualmente constitucionales: los que tienen los ciudadanos a un trabajo digno, a la sanidad, a la educación, a la vivienda.

Siempre he sostenido que los derechos humanos, que se pretenden universales e innatos, en realidad no son inherentes al hombre, y que uno tiene aquéllos que le reconoce la sociedad en que ha nacido; podrían ser más, podrían ser menos o podrían ser otros. Pero sobre ellos se establece ese tácito contrato social que justifica en última instancia la vida en comunidad. Si una parte lo incumple y no garantiza a una persona ni siquiera un sustento con que ganarse la vida y mantener a su familia, tampoco puede exigirle que acate sus normas. Cuando se rompe el contrato social, decían sus grandes teóricos, se vuelve al estado natural, donde cada uno lucha por la supervivencia con todos sus recursos, el robo incluido. Podemos concebir una ley cívica o una ley de la jungla. Pero no una ley de la jungla donde sólo una parte decide cívicamente que la única arma que se permite blandir con libertad es el dinero, y que el otro no puede defenderse con las suyas.

Los parados que buscan diariamente trabajo para toparse con la evidencia de que no lo hay, que se ven desarmados pero ello no les exime de la lucha cotidiana de saciar sus necesidades y las de los suyos, tienen todo el derecho a hacer lo que sea para burlar las reglas del combate. A menos que ofrezcamos una alternativa a la barbarie: que toda persona a quien ya no le compense este contrato social pueda rescindirlo libremente. Hace siglos uno podía hacerse ermitaño y vivir de la caza y la recolección. Ahora todo es propiedad de alguien y hasta retirarse de la sociedad exige una inversión. Lo cual es tanto como obligar a cada individuo a ingresar en el club privado instalado en el territorio donde nació, tanto como vincular a la condición humana el deber de ser capitalista.

Para solventar esta confusión interesada entre physis y nomos, entre ley natural y ley convencional, cada provincia tendría que reservar obligatoriamente una Marinaleda donde acoger a todos aquéllos que quieran renunciar a las ventajas del sistema a cambio de librarse de sus daños. Ya no sólo es cuestión de justicia, sino de libertad. Los liberales, que se dicen paladines de la misma, no deberían negar esta opción a quienes han perdido toda posibilidad real de ser libres en el modelo social imperante.

Acaso un día a los habitantes de esas Marinaledas se les considere unos adelantados a su tiempo. Como se consolide la tendencia que nos lleva de vuelta a una antagonía de dos únicas clases sociales, cada vez menos aliviada por el laxante del gasto público, intuyo que, tarde o temprano, el comunismo (probablemente también el fascismo) tendrá otra oportunidad. Entonces veremos que, tal y como anticipó Carl Schmitt, la autoridad última no radica en la ley, sino en quien tiene el poder de promulgarla en un momento dado.

 

 

Referencias y contextualización

El martes 7 de agosto, militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y parlamentario autonómico de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez Gordillo, asaltaron dos supermercados para entregar el botín a una ONG de asistencia a los pobres. La repercusión de la iniciativa alcanzó eco nacional en los días siguientes, recibiendo reproches en distintos grados por parte del Gobierno, el PP y el PSOE, y sólo la justificación de IU y otros grupos de izquierda. El SAT, por su parte, prosiguió sus acciones "reivindicativas" y "simbólicas" con el intento de ocupar una finca militar y unos grandes almacenes. En Marinaleda, municipio que gobernaba desde hacía 30 años, Sánchez Gordillo había establecido una especie de cooperativa con salarios iguales para todos, que funcionaba relativamente bien y ya antes había concitado el interés de los medios internacionales.

Los grandes teóricos clásicos del contrato social, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, entendían con distintos matices que la sociedad era una alternativa consensuada para evitar la conflictividad entre individuos propia del estado natural o estado de naturaleza. Physis y nomos son, en la filosofía griega, los términos con los que se opone la ley natural y necesaria a la ley convencionalmente adoptada por las sociedades humanas, y por tanto contingente. Este mismo planteamiento, aplicado a los gitanos que no deseen integrarse en la sociedad, se utilizó en "Reserva gitana".

La teoría del decisionismo de Carl Schmitt, opuesta al normativismo de Hans Kelsen, aparece explicada en el artículo "En torno al decisionismo", donde se utilizó para comentar la amenaza a la Constitución que supuso entonces el llamado Plan Ibarretxe. Otros artículos que defienden la no universalidad de los derechos humanos fueron "Derechos humanos y eurocentrismo" y "El derecho a la belleza".