Más de uno se sorprendería al enterarse de la última novedad que la Junta se propone introducir en la reforma del Estatuto: una comisión bilateral para negociar con el Estado los temas que nos incumban. ¿Una comisión bilateral, se preguntarían atónitos? ¿Pero no era eso lo que criticábamos a los catalanes, que pretendían negociar bilateralmente los presupuestos, la financiación sanitaria y la reforma de la Constitución, como si la Generalitat pudiera hablar con Moncloa de igual a igual?

Lo cierto es que no es la primera vez ni la segunda que Castilla y León se sitúa sucesivamente enfrente y detrás de Cataluña en las reivindicaciones autonómicas. En realidad, casi desafía a la naturaleza heracliteana del tiempo la insistencia con que se ha repetido en la Historia la misma mecánica: primero Castilla y León se opone frontalmente a las pretensiones centrífugas de Cataluña y, a continuación, cuando Madrid cede y la descentralización se presenta como un hecho consumado, deduce que tiene que subirse al tren en marcha y reclamar lo mismo para no quedarse atrás y verse perjudicada por la mayor audacia de los catalanes.

Ocurrió en 1914 tras la declaración de la Mancomunitat y otra vez en 1932 y 1936, cuando los gobiernos republicanos de izquierda aprobaron el Estatuto catalán. A nadie se le escapa tampoco que la fundación de nuestra entidad política regional, cuyos aniversarios celebramos de cuando en cuando con tanta pompa y jolgorio, no fue más que una componenda para diluir la sal gorda de los nacionalismos en un salomónico café para todos.

Ahora, el enésimo tirón de la periferia ha vuelto a embarcar a la izquierda en la búsqueda de otra “solución definitiva” y, subsidiariamente, ha sacudido a nuestra apacible región central, que, tras demostrar cómo le duelen las costuras de España en el litigio del Archivo, mimetiza las ocurrencias catalanas en detalles tan nimios como el de esta comisión bilateral.

Más difícil será imitar a los catalanes en la maldita asignatura pendiente de la conciencia regional. Y es que ya Unamuno dijo que el regionalismo castellano, cuya única lealtad auténticamente sentida es la que profesa a España, no consistía en nada más que en puro anticatalanismo. En 1936, como vio con admirable perspicacia Jesús Palomares, el incipiente castellanismo fue fagocitado por la sublevación de la derecha, que satisfacía de sobra las emociones antinacionalistas de los castellanos. Y así perdió su oportunidad de estimular un espíritu identitario homologable al catalán, el vasco o el gallego. Quienes agitaban banderas regionales en la manifestación de Salamanca defendiendo la integridad de España no debían de saber estas cosas.

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