Impresiona la confianza que mantiene el PSOE en eso que llamamos “el diálogo social”, así, en exclusiva, como si fuera la única conversación posible en sociedad. Después de pasarse meses ensalzándolo como una “gran herramienta” de nuestro sistema (“para no mojarnos nosotros”, podrían haber añadido), los socialistas se caen del guindo ante la inapelable lógica de la lucha de clases a falta de “un cuarto de hora”, y, a pesar del tortazo, van y encomiendan de nuevo la mayoría de los puntos conflictivos de la negociación colectiva al consenso de los mismos interlocutores que acaban de disentir.

No sé qué tienen de especial las relaciones laborales para que haya que dejar su regulación en manos de las partes implicadas. Claro que la decisión tendría más fuerza y legitimidad si resultara de un acuerdo entre ellas, como la solución al conflicto vasco las tendría si la pergeñaran a medias los etarras y las víctimas, y la regulación del matrimonio gay si la sancionara un sincero apretón de manos y cuerpos entre Shangay Lily y Rouco Varela. Pero no; extrañamente, sólo en el diálogo social supone el Gobierno que una mano invisible va a revertir en interés general el afán de patronal y sindicatos por lograr sus fines particulares.

El Ejecutivo debe promover, unilateralmente y sin necesidad de delegar en nadie, la flexibilidad de las empresas y los convenios, porque, a igualdad de horas de trabajo perdidas por la crisis, España ha destruido muchos más puestos de trabajo que otros países. También crear la figura de un médico de empresa que, por el bien de la Seguridad Social, sea mucho más estricto ante el cachondeo de las bajas laborales. Pero no ha de caer en la trampa a la que le inducen algunos de “favorecer la contratación”. Eso no es un fin en sí mismo. De hecho, el sistema que más ha favorecido nunca la contratación ha sido el esclavista.

La misión de la política no es impulsar la economía, que funciona por su cuenta y riesgo y nunca mejor dicho, sino marcar las líneas rojas que no debe cruzar en su búsqueda de la mayor rentabilidad. Las empresas contratan a un trabajador cuando creen que van a rentabilizar su salario; si ahora no lo hacen no es por un punto más o menos de impuestos o de cotizaciones sociales, ni porque el mercado laboral sea más rigido que hace unos años, sino por la falta de crédito y expectativas de beneficios. Con lo cual, si el Gobierno baja el listón a las empresas, las únicas que contratarán personal serán las que lo habrían hecho de todos modos en mejores condiciones para el trabajador. Por supuesto, a menores costes laborales siempre habrá más crecimiento y eficiencia económica, pero, si siguen esa lógica, España y Europa tendrán que reconocer abiertamente que han terminado por abrazar del todo el modelo chino, que cada vez se admira más.

 

 

Referencias y contextualización

El Gobierno había dejado que la patronal y los sindicatos negociaran la reforma de la negociación colectiva, y, según dijeron ambas partes, estuvieron a "un cuarto de hora" de llegar a un acuerdo. Pero rompieron las conversaciones y el Consejo de Ministros del viernes 10 aprobó por decreto-ley una reglamentación en la que la flexibilidad de los convenios y otros puntos conflictivos se hacían depender otra vez del diálogo social, frecuentemente definido por dirigentes y portavoces socialistas como una "gran herramienta" y un valioso activo del sistema.

Shangay Lily era un conocido y estruendoso transexual español que en varias ocasiones había defendido el matrimonio homosexual, y Antonio María Rouco Varela el presidente de la Conferencia Episcopal. El pensador totémico del liberalismo económico clásico, Adam Smith, defendía esta doctrina argumentando que la búsqueda de los intereses y beneficios privados por parte de los individuos redundaba automáticamente en el bien general.