“(...) En el presente apartado estudiaremos el conflicto de intereses que subyace tras la agitación social de aquellos meses, y que se inscribe en el triángulo de poder conformado por la autoridad política, la vieja nobleza terrateniente y la emergente burguesía capitalista.

La aristocracia basaba su posición en los privilegios heredados, y su prestigio social había sido ratificado por su rebeldía en los últimos años de la ocupación mora que gobernó tiránicamente el país durante cuatro décadas después de la invasión de las tropas africanas. Era un grupo con acusada tendencia endogámica y mantenía su recelo hacia los negocios, pese a que sus rentas vitalicias se habían visto devaluadas por la evolución económica y ciertos designios del poder central. En tiempos de paz proliferaban los enfrentamientos entre facciones rivales, pero, cada vez que el Gobierno amenazaba sus fueros, se unían para blandir como un solo hombre la inviolabilidad de sus constituciones.

Enfrente, la burguesía capitalista criticaba el anacronismo y la improductividad de los privilegios estamentales en un sistema basado en la propiedad de libre circulación, y maquinaban para que el Gobierno permitiera la desamortización de los señoríos y poder así abalanzarse sobre ellos.

El poder político era de cuna burguesa y apoyaba a la burguesía. Sus cronistas proclamaban a los cuatro vientos que era el progreso lo que le movía a enajenar las propiedades vinculadas, pero era difícil ahuyentar la sospecha de que en realidad trabajaban en favor de sus intereses de clase y de la centralización del poder.

El pueblo podía haber aprovechado para levantarse en armas y deshacerse de las dos autoridades que le oprimían, pero el odio a los burgueses usureros hizo olvidar todas las miserias del sistema estamental. Rechazaron un par de propuestas populistas de las autoridades, como la elección por sufragio de los caciques locales, y organizaron tumultos para apoyar sin reservas una autonomía del señorío que, en definitiva, sólo beneficiaba a los aristócratas y a los escasos síndicos que las constituciones reservaban al tercer estado.

En cualquier caso, la revuelta no dio para más. El poder central legisló por decreto el 20 de diciembre, la nobleza volvió a ocupar sus prebendas y, como siempre, fueron los villanos los que se encontraron con que habían perdido los jornales de medio mes (...)”.

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