Es una cuestión muy peliaguda e interesante de discutir, y un caso pionero en el mundo que podría sentar jurisprudencia. ¿Tiene derecho la policía a pedir a una persona que se identifique sólo por el hecho de ser negra? Es lo que en 1992 hizo un policía nacional en la estación de Valladolid con Rosalind, una ciudadana española de origen afroamericano, pero no con los familiares blancos que la acompañaban. El agente explicó que le habían encargado identificar a “personas como ella”, que “pudieran estar ilegalmente en el país”.

Rosalind no quedó satisfecha con la explicación, interpuso una denuncia y, tras varias apelaciones, en 2006 el Tribunal Constitucional respaldó la acción del policía al sentenciar que la etnia era un indicio razonable de la posible condición de inmigrante irregular. Sin embargo, tres ONG consideraron que se trataba de un caso de discriminación racial y lo llevaron al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

España, en sus alegaciones, ha incidido en la buena voluntad del agente, que no tenía intención de discriminar a Rosalind y le pidió la documentación de un modo “cortés” y “respetuoso”. También ha recordado que a la mujer no han vuelto a pedírsele los papeles. Pero las ONG aducen que ni la falta de intención o reiteración ni los buenos modales le eximen a uno de haber cometido un delito.

A mi juicio, el que la policía le pida los datos a una persona es un acto demasiado inofensivo para que se le pueda achacar una discriminación, aunque de hecho la elección del interpelado haya incurrido en ella. Quizás obligar a un tipo a identificarse por ser negro, o interrogarle por tener nombre y apellidos vascos o musulmanes, sea de algún modo discriminatorio (aunque no más que detener a un sospechoso por sus similitudes con el retrato robot del asesino), pero no supone para él ningún desdoro, sino a lo sumo un susto fugaz. Sólo el culpable tiene motivos para recelar de la policía, y ni siquiera los frecuentes arrestos de unas horas, como consecuencia de una prevención adoptada para proteger la seguridad de todos, deberían tomarse como un ultraje, siempre que el tiempo perdido fuera posteriormente indemnizado. En el caso mucho más liviano que nos ocupa, pedirle la documentación a una persona de raza negra no tendría que considerarse una discriminación más intolerable que exigírsela a un joven con pinta de crío antes de venderle alcohol, tabaco o dejarle entrar en un local de adultos.

 

Referencias y contextualización

Los hechos a los que hace referencia el artículo se relatan, por ejemplo, aquí. Otra columna sobre el dilema entre seguridad y recorte de libertades es "Libertad, seguridad, Estado".