No podía ser de otra manera. Con algunos años de retraso respecto a otras comunidades autónomas con más capacidad de absorción de mano de obra, Castilla y León se empieza a poblar de inmigrantes. En 2007, el número de extranjeros asentados en nuestra región aumentó un 12,8% y ya supone el 4,7% de la población, con un pico de casi el 10% en Segovia debido probablemente a la proximidad de Madrid.

No por ello vamos a definir a Castilla y León con la manida expresión de “tierra de acogida”. Los países y las regiones no acogen a nadie; están ahí, y la gente tiene la posibilidad de trasladarse a ellos. Tampoco lo hacen las sociedades; simplemente sucede que en esas demarcaciones geográficas ya vivían otras personas, pero hace siglos que el feudalismo quedó atrás y los derechos de los oriundos sobre la tierra no son mayores que los de los recién llegados. La mayoría de los autóctonos no entrarán nunca en contacto profesional con éstos últimos, y quienes entren lo harán siempre por interés recíproco, así que sobran esas expresiones colectivas y paternalistas que sirven de coartada para, a cambio, exigir a los nuevos condiciones que no se imponen a nadie más.

Un ejemplo es el permiso de trabajo. Naturalmente, lo ideal es que los inmigrantes coticen a la Seguridad Social, cuyo actual superávit demuestra que el Gobierno sí que hizo algo para prevenir la época de vacas flacas: la regularización. Y, por razones de paz social, no de falta de derechos, conviene acomodar su afluencia a la demanda del mercado laboral. Pero quien defienda expulsar a los que no tengan trabajo debería propugnar lo mismo para los parados españoles, que son igual de capaces que ellos de robar y matar para salir de la miseria.

Lo que justifica la inmigración no es que los extranjeros hagan los trabajos que no quieren desempeñar los españoles; en realidad, su preponderancia en la construcción y la hostelería, antes plagadas de lugareños, demuestra que lo que hacen es cobrar los sueldos que no quieren cobrar los españoles. El que ello tire a la baja de los salarios es, justamente, el efecto de la inmigración que el Gobierno o la UE deberían regular, igual que le reclaman a China la equiparación de los costes laborales con objeto de evitar la competencia desleal, pero eso ni se plantea porque a los empresarios les viene de perlas el vacío legals. Tampoco se puede decir que enriquezcan nuestra cultura. Ni la enriquecen ni la desvirtúan, como aducen los fachas; la cultura no es una esencia inmutable y se limita a transformarse al ritmo de la población que la produce. Lo que legitima el fenómeno es, ni más ni menos, que no necesita de ninguna legitimación en términos de provecho o rentabilidad para el país o región receptores; los inmigrantes son individuos y, como tales, pueden moverse por donde quieran y pulsar las teclas que crean conveniente para ganarse la vida.

 

Referencias y contextualización

Los datos estadísticos a los que hace referencia el artículo se reseñan, por ejemplo, aquí. hechos a los que hace referencia el artículo se relatan, por ejemplo, aquí. Por estas fechas en que se hacía patente la recesión de la economía mundial, el Partido Popular solía acusar al Gobierno de haber vivido de la inercia positiva en los primeros años de la legislatura y no haber hecho los deberes para prevenir una eventual época de crisis. A la vez, criticaba el proceso de regularización de inmigrantes ilegales acometido por el Gobierno entre febrero y mayo de 2005, que se saldó con la legalización de la situación de casi 700.000 extranjeros, denunciando que había ejercido un efecto llamada para nuevas entradas de irregulares. Otro artículo sobre este mismo tema, al socaire de un congreso sobre inmigración celebrado en Valladolid, es "Recetas para inmigrantes".