17 agosto 2005 |
La venda en los ojos |
Y si no al tiempo. Será cosa de días el que alguna voz conservadora hable de otro “varapalo jurídico” al Gobierno tras la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la jueza burgalesa María Luisa Miranda para negarse a registrar un matrimonio de lesbianas. Ya ocurrió cuando Grande-Marlaska inició diligencias para estudiar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas pero, en general, ocurre siempre que el centro-derecha político cree oportuno aprovechar la mano que le tiende la derecha-derecha-derechísima que domina los juzgados españoles. Habría que ponerse una venda en los ojos para deducir que la magistrada, en efecto, se ha ajustado la que identifica a su profesión y no está disfrazando de incompatibilidad técnica lo que no es sino una mera repulsión personal. Y sin embargo ella, astutamente, no ha apelado a la vía muerta de la objeción de conciencia, así que habrá que aceptar que, si esta obligación es la primera que recurre en toda su vida profesional, será sólo porque su respeto escrupuloso por la letra se ha visto, casualmente, más comprometido por aquello de “hombre y mujer” que por los innumerables artículos de la Carta Magna que defienden la igualdad entre los ciudadanos pero, lástima, no especifican la orientación sexual entre los motivos que no dan derecho a discriminar. Sea como sea, lo asombroso es esa delegación en la letra que hacen muchos juristas para no pensar más, jactándose de ella como si su aplicación estricta fuera la garantía de la verdad y la justicia. O, más aún, que la gente dé por hecho que los jueces son capaces de abstraerse de sí mismos y ejercer con imparcialidad y omnisciencia, y al oír lo del “varapalo jurídico” nadie se plantee ni siquiera la posibilidad de que se lo esté propinando el Gobierno al magistrado. Sorprende especialmente cuando salta a la vista que, lejos de coincidir en su asepsia, en todas las polémicas judiciales se tiran los trastos la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces por la Democracia, y se divide en dos el Consejo General del Poder Judicial, en el que sólo por contingencia de las mayorías hay actualmente preponderancia de los retrógrados. Que conste que nada me gustaría más que creerme lo de la venda en los ojos. Si bastara con aplicar la letra, podríamos limitarnos a meter las leyes y los sumarios en un ordenador, y cruzar los datos. En lo civil y en lo penal. A tal delito, tal sanción. Más agravantes, menos atenuantes, igual a. Con nuevas versiones del programa por cada reforma legislativa. Para aliviar la saturación de los juzgados. Y, de paso, librarnos de Miranda, de Requero, de Hernando. Los milagros de la informática. A ese chico tan listo de la UVA que ha ganado el Premio Extraordinario de carrera le podían encargar que fuera diseñando el Microsoft Juez Seis Punto Cero.
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Referencias y contextualización El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite el 12 de julio la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Aunque esa admisión a trámite, por sí sola, no implicaba ninguna imputación, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, consideró que la decisión del magistrado era un "varapalo jurídico" para el Gobierno y para el Fiscal General del Estado, que no habían visto indicios suficientes para proceder contra el PCTV. La Asociación Profesional de la Magistratura es la asociación mayoritaria de jueces y exhibe un talante conservador. Jueces para la Democracia es de ideología progresista. Fernando José Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial, también es de inclinación conservadora, así como el vocal del mismo órgano José Luis Requero. Éste último, por ejemplo, justificó en primavera que los funcionarios que tuvieran que casar a homosexuales recurrieran al Tribunal Constitucional, pues este tipo de matrimonios crean un "perjuicio cierto", e incluso llegó a sugerir al Rey que abdicara durante 24 horas para negarse a ratificar la reforma del Código Civil que permite estas uniones. Sobre el supuesto derecho de los funcionarios a apelar a la objeción de conciencia para negarse a casar a los gays, ver "Todos detrás de nuestro alcalde". |
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