La “prioridad” hacia los gitanos explicitada en la circular del Ministerio del Interior francés que ordenaba el desmantelamiento de 300 campamentos ilegales habría sido racista si, como decía el lunes la tribuna de Araceli Mangas, hubiera decretado la deportación de un colectivo étnico sin estudiar las presuntas conductas delictivas caso por caso. Pero lo que ordena París no son "expulsiones", sino la supresión de unos poblados, obviamente colectivos. Luego, ha ofrecido a cada individuo incentivos económicos por volver a su país. Nadie puede quejarse de que lo echen de una vivienda ilegal ni tampoco de marcharse si acepta voluntariamente un dinero a cambio.

En todo caso, si Sarkozy se centra en los inmigrantes gitanos, y no en los naturales franceses que puedan vivir de una forma parecida, es porque a los primeros tiene un país donde devolverlos. En cierto modo, es injusto que un estado sea responsable de las personas que por azar han nacido en su suelo y no de las foráneas, pero esa discriminación se debe a la concepción infantil y patrimonial que tenemos de la nacionalidad; no es racismo.

Queda abierto, pues, el debate de fondo: ¿qué debe hacerse cuando los gitanos que viven y actúan al margen de la ley son autóctonos? Nadie duda de que es misión del estado facilitar las cosas a todos aquellos ciudadanos que desean integrarse y, por circunstancias económicas o sociales, lo tienen más difícil; a cambio, tiene derecho a exigirles que cumplan las normas establecidas, exactamente igual que se le pide a quien ingresa en un club privado. ¿Pero qué puede hacer con los nacionales que, por razones culturales o de otro tipo, se niegan a vivir de acuerdo con los estándares cívicos?

Es evidente que muchos gitanos se sienten más cómodos llevando un modo de vida ajeno e incluso hostil a nuestros patrones. Y hay que tolerarlo, porque haber nacido en un determinado lugar no tiene por qué obligar a nadie a someterse a las normas del club que ha llegado a ser dominante allí. Una cosa es el territorio y otra la sociedad que en él se instala.

Ahora bien, espero no ser tildado de racista si afirmo que, en caso de que no quieran entrar en el club, los gitanos tampoco deberían gozar de las ventajas sociales que comporta ser miembro. No tienen por qué recibir educación gratuita si no están dispuestos a respetar las reglas de la escuela, ni atención sanitaria si amenazan a los profesionales que les obligan a cumplir el protocolo, ni viviendas públicas si hacen la vida imposible a los vecinos. Es un agravio comparativo para el resto de ciudadanos, que sí que se someten a las normas, aparte de un privilegio que en la mayoría de los casos se termina demostrando inútil para el objetivo final de su integración.

En conclusión: a los gitanos, como al resto de grupos que se proclaman contrarios al sistema, debería dejárseles escoger entre asumir los derechos y deberes de la sociedad o disponer de un territorio acotado donde residir y organizarse como les plazca. Cada individuo tendría que decidir con qué modelo prefiere identificarse. Para lo bueno y también para lo malo.

 

Referencias y contextualización

Durante la semana anterior a la publicación de este artículo, se desarrolló una gran polémica en toda Europa por las supuestas "expulsiones masivas" de rumanos y búlgaros de etnia gitana que se encontraban en situación irregular en Francia. Sobre todo, desde que se conoció que una circular del Ministerio del Interior francés que impulsaba el desmantelamiento de campamentos ilegales, ordenaba a sus prefectos centrarse "prioritariamente" en los campamentos gitanos. El Gobierno de Nicolas Sarkozy fue acusado de "racismo" por muchas voces de Europa, entre ellas la comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding. Los gobiernos tendieron a situarse del lado de Sarkozy.