Lo que menos “arbitrario” y "estrafalario" me ha parecido del auto en que Baltasar Garzón se arroga la potestad de exhumar 19 fosas comunes, 10 de ellas en Burgos o León, y juzgar a los dirigentes franquistas que los cometieron o inspiraron, es justo lo que le achaca el presidente del TSJ. Aunque no se pueda imputar a nadie (único fin de las diligencias penales, según José Luis Concepción), las víctimas tienen derecho a ser reparadas con la verificación total y pública de los hechos. Otra cosa es si el sumario aspira realmente a eso.

Garzón rastrea en el mar infinito de las justificaciones para concluir los dos requisitos que le hacen falta: que los delitos no han prescrito ni han sido amnistiados… y que le corresponde juzgarlos a él. El primero lo defiende con dos argumentos distintos, como reconociendo que ninguno tiene fuerza suficiente: por un lado, apela a sentencias africanas e hispanoamericanas, sin vigencia en España fuera del desiderátum de la justicia universal, para dictaminar que los crímenes contra la Humanidad no caducan ni se indultan. Por otro, acuña la ridícula categoría de “delito permanente”, convirtiendo los asesinatos en detenciones ilegales con desaparición de las víctimas hasta nuestros días. No habiendo cadáver aún, viene a decir, el delito se sigue cometiendo sin prescribir ni quedar cancelado por la Ley de 1977.

Esta argucia no era suficiente, pues los delitos en cuestión competen al tribunal del escenario de cada crimen. Para atraerlos a la Audiencia Nacional (y no meterse en Paracuellos), Garzón los asocia al golpe de Estado contra la legalidad republicana y a un presunto plan premeditado de genocidio ideológico, que fundamenta en entrevistas, arengas militares y síntesis de historiadores que no se admitirían como pruebas en ningún juzgado. Pero claro, la rebelión ha prescrito, así que el juez se aferra a ella y al genocidio para asumir la jurisdicción que no tiene sobre los crímenes y, a la vez, a las desapariciones “permanentes” para que el delito siga punible. Todo para darse el gustazo de sentar en el banquillo a los golpistas, declararlos culpables y luego eximirlos por fallecimiento.

Es lo único que le interesa. Al no poder elucidar cada caso por el tiempo transcurrido, la verificación de los hechos para reparar a las víctimas se quedará en una obvia constatación de que la responsabilidad última de su muerte la tuvieron los líderes del Movimiento. No se reescribirá la Historia, que la gente tiene bien aprendida tras 30 años explicándole quiénes fueron los malos, ni se reabrirán heridas que ya nadie siente como propias. Será todo mucho más trivial: Garzón les quitará las medallas a los militares sólo para colgárselas en la toga.

 

 

Referencias y contextualización

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró el viernes 17 competente para investigar las desapariciones de los militantes republicanos enterrados en 19 fosas comunes, y a través de ellas juzgar los crímenes del franquismo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, afirmó, en sintonía con el fiscal Javier Zaragoza, que el auto de Garzón era "arbitrario" y "estrafalario", porque en este caso era imposible imputar y castigar al culpable, que es el objetivo de las diligencias penales. El auto de Garzón se puede leer aquí, y el recurso de apelación de Zaragoza aquí. Otros artículos sobre la llamada recuperación de la memoria histórica son "El Ángel de la Transición" y "¿Herederos de quién?".