Sorprende el enconamiento que genera en el PSOE y el PP la llamada ley de recuperación de la memoria histórica. Si nos atenemos al nombre fetén de “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” y a la mayor parte de su moderado contenido, las desavenencias ya resultan del todo incomprensibles, pero, aunque barruntáramos que en la literalidad oficial los partidos disfrazan su auténtica idiosincrasia y que donde ésta se retrata realmente es en detalles como el homenaje a Carrillo o el veto a que se retire a Franco la alcaldía honorífica de Salamanca, las filias y herencias que sustentan la animadversión siguen sin encajar.

Los populares tienen razón al sublevarse cuando se les cataloga de sucesores del franquismo; esta invectiva simplona y demagógica, que recurre a la mezquindad de citar árboles genealógicos, obvia la facción estrictamente liberal y rehúsa aceptar que incluso los virajes de la vieja guardia son tan comprensibles como delgada la línea que separa el oportunismo de la autosugestión con la que todos nos vamos adaptando a los cambios. Los socialistas, por su parte, a menudo parecen sentirse herederos de un PSOE de los años 30 que no había abjurado del marxismo, creía en la revolución y detestaba a políticos “burgueses” como Azaña, Ortega y Marañón, los verdaderos adalides de la República y únicos precursores reales de la socialdemocracia actual.

Sin embargo, más por las fobias de la polarización que por afinidades reales, la derecha se empeña en ver con indulgencia el franquismo, la izquierda en considerar garante de la legalidad republicana a gente que estaba esperando su oportunidad para dinamitarla, y ambas se alternan los cabreos según se les mencione el año 34 o el 36. ¿Por qué perturba remover la memoria si hoy todo el mundo dice que estuvo retrospectivamente en el mismo bando y nadie se hace responsable de cuatro décadas de dictadura?

En este tema tan confuso y espinoso, únicamente IU y ERC parecen en el sitio que les corresponde en la malla de líneas sucesorias, pero anular las sentencias franquistas es irrelevante (operativamente las canceló la Transición y la reparación moral y simbólica ya la ha ejecutado satisfactoriamente España con un proceso de desnazificación de 30 años a través de libros, conferencias, series y películas en los que los malos siempre han sido los mismos) y a estas alturas tampoco procede desvelar la identidad de funcionarios que (sí, como alegaron los nazis en Nüremberg) casi siempre se limitaron a cumplir órdenes. Por el contrario, tienen toda la razón cuando defienden que la ley que debería asignar al Estado la responsabilidad económica en indemnizaciones y exhumaciones. Una exigencia en la que tendrían que coincidir todos, aun a costa de renunciar a un puñado de votantes, porque tantos años después resulta bastante difícil disimular que ya nadie es heredero de nadie.

 

Referencias y contextualización

El texto del proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, aprobado por el Gobierno en julio de 2006 y admitido a trámite por el Congreso de los Diputados en diciembre, se puede consultar aquí. Otro artículo relativo a la llamada recuperación de la memoria histórica es "El ángel de la Transición". Sobre la polémica acerca de las evocaciones franquistas en los nombres de muchas calles españolas, otra exigencia de IU y ERC ignorada por el proyecto de Ley, trata irónicamente "Nomenclátor".