Imaginemos por un momento que en el lugar de Aminatu Haidar estuvieran Arnaldo Otegi o Carod Rovira. Que, al llegar a un aeropuerto, hubieran escrito orgullosamente “vasca” o “catalana” en la casilla del formulario correspondiente a su nacionalidad. Que, tras años de vista gorda, las autoridades españolas decidieran por fin retirarles el pasaporte, o bien (como Marruecos dice que ocurrió) ellos lo depositaran con desdén en el mostrador renunciando formalmente a su bandera oficial. Y, acto seguido, se declararan en huelga de hambre para reclamar su derecho a volver a Euskadi o Cataluña sin documentación alguna.

Más que a 200 personas en Valladolid, nuestros nacionalistas particulares habrían concitado la indignación de la mitad derecha del espectro social y mediático español, y, a lo sumo, la indiferencia de los colectivos de izquierda. Se les habría acusado de abusar durante años de nuestra benevolencia y de aprovechar ahora nuestra sensibilidad hacia los derechos humanos para obtener réditos políticos. Sobre todo, se habría exigido al Estado que no cediera a un "chantaje intolerable" y que cumpliera escrupulosamente la ley.

Nadie duda de que Haidar es una activista valiente y honesta que lucha por lo que cree una causa justa. Pero la estrategia de los nacionalismos irredentos es siempre la misma: utilizan sus modestas armas de presión para quebrar la resistencia de los gobiernos. Por su parte, los estados, igual España que Marruecos, apelan a la legalidad vigente y al apoyo unánime de su opinión pública.

Haidar vio la posibilidad de sacar partido a su expulsión y está en su derecho de hacerlo rechazando las soluciones que le ofrece España, que resolverían el problema humanitario pero carecen de significado político. Puede empeñar su vida a modo de fianza para revitalizar el interés diplomático y mediático por el Sáhara. Sin embargo, si emprende voluntaria y unilateralmente una medida de presión para favorecer su causa, destrozando por ejemplo a sus hijos, no puede responsabilizar a nadie de las eventuales consecuencias de la misma. Un activista se marca sus objetivos y juega sus cartas. Unas veces se gana y otras, la mayoría, se pierde.

 

Referencias y contextualización

La activista saharaui Aminatu Haidar estaba en huelga de hambre en el Aeropuerto de Lanzarote desde el 17 de noviembre, tras ser enviada allí en avión por Marruecos alegando que Haidar había renunciado a su nacionalidad al no poner "marroquí" en el impreso correspondiente. Al parecer, llevaba tiempo haciéndolo sin que las autoridades marroquíes se decidieran a tomar medidas.

Dos días después, 200 vallisoletanos se concentraron en la Plaza Mayor para pedir su regreso al Sáhara Occidental, a lo que Marruecos se negaba argumentando que no tenía pasaporte. Diversos grupos políticos, sociales y culturales de izquierda mostraron también su apoyo a la activista y la causa saharaui, aunque la simpatía por ella y su gesto eran generalizadas en este momento en el PSOE y el PP, que culpaban del incidente, respectivamente, a Marruecos y a la presunta ingenuidad del Gobierno español al haber aceptado recibir a la activista en su suelo.

España ofreció a Haidar la nacionalidad española y un salvoconducto para que pudiera viajar libremente al Sáhara con protección consular, pero ella rechazó las propuestas y prosiguió su huelga culpando a ambos países de lo que la pudiera ocurrir. El 8 de diciembre, sus hijos enviaron una carta solicitando el regreso de la mujer.