18 diciembre 2002 |
Una propuesta sobre la vivienda |
A estas alturas ya poca gente duda de que la reticencia de los jóvenes a emanciparnos no se debe a que seamos unos vagos, a que no movamos un dedo por trabajar, a que estemos a cuerpo de rey en casita o a que no nos llevemos demasiado bien con esa palabrota que, envuelta en un escalofrío, se pronuncia “compromiso”. Hasta el escollo del empleo precario es relativo, siempre que a uno no se le vaya la olla y se ponga a fabricar retoños. Pero el precio de la vivienda es insalvable. No vale el frecuente argumento de que nuestros padres y abuelos eran más audaces y emprendían su propia vida con un elemento de riesgo latente en la iniciativa; nosotros, en cambio, queremos tenerlo todo atado y bien atado antes de hacer piruetas. Qué queréis que os diga; yo, por más que me lo planteo, siempre concluyo que la política más sensata es precisamente ésta última. Las autoridades empiezan a darse cuenta de que la solución de este desaguisado, que nos coloca a mucho más que una cordillera del resto de Europa, es competencia suya. Son buena señal los recientes acuerdos tomados en Valladolid y otros municipios de la región para incrementar el porcentaje de viviendas de protección, pero su discusión política vinculada a las compensaciones a los constructores es un desvío surrealista. El único objetivo de PP y PSOE debe ser este aumento, sin contraprestaciones ni objeciones colaterales, no primando a los matrimonios cuando la inmensa mayoría de los demandantes son personas solteras y equiparando por completo los derechos de las parejas de hecho de cualquier tendencia sexual; el registro anunciado por la Junta tiene visos de quedarse, una vez más, en eso: un inofensivo registro. Con todo, la propuesta más brillante para solucionar el problema de la vivienda se la he oído a José Miguel Sierra, de la Ejecutiva regional del PCE. Consistiría en peritar las eventuales rentas de alquiler de todas las viviendas desocupadas y hacerlas cotizar como si tales rentas estuvieran siendo efectivamente cobradas. A igual gravamen, los propietarios optarían por arrendar y se crearía un considerable mercado de viviendas de alquiler que abarataría los precios. En la opción por la libertad de los ricos de hacer lo que quieran con sus propiedades o por la justicia de que los demás puedan llegar a disponer de una radica la catadura moral y la responsabilidad de un gobierno.
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Referencias y contextualización Los Ayuntamientos provinciales del PP, haciéndose por primera vez eco de una reclamación constante de la oposición y de la sociedad, acordaron hacer todo lo posible por aumentar la oferta de viviendas de protección oficial. Sin embargo, por ejemplo en Valladolid capital, el aumento del número de VPOs en los bloques que se construyeran en los antiguos terrenos de RENFE tras el soterramiento del tren (reivindicado encarecidamente por PSOE e IU), se vinculaba por parte de las autoridades municipales a algún tipo de contraprestación para compensar a los constructores por el dinero que iban a perder. A principios de noviembre, la Junta de Castilla y León aprobó la confección de un registro de parejas de hecho, con el propósito declarado de ir equiparando los derechos de estas parejas a los de los matrimonios (ver "Un paso más"). Sin embargo, el PP acababa de rechazar la enésima propuesta del PSOE a favor de permitir los matrimonios civiles entre homosexuales, con lo que había quedado patente el carácter meramente cosmético del registro. |
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