Es lo que tienen los “varapalos jurídicos”. Depositamos toda nuestra confianza en los tribunales como garantes universales de la justicia, modelo de objetividad y asepsia, exégetas unívocos de una única verdad revelada. Y, cuando uno de ellos nos da la razón y nos apresuramos a restregarle la sentencia a nuestro adversario, a darle una palmadita paternal en la espalda y a musitarle “¿Ves cómo te decía…?”, llega otro del gremio y, aplicando la misma doctrina y la misma jurisprudencia sobre el mismo caso y hasta en ocasiones el mismo escrito, nos sella la primera notificación en los morros y, con su sabia pluma de magistrado, escribe “bocazas”.

Es más o menos lo que le ocurrió al PSOE regional cuando, el jueves, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca denegó los dos recursos interpuestos desesperadamente por el Ayuntamiento para impedir o demorar en el último momento el traslado de los documentos del Archivo de la Guerra Civil. Ante el inapelable respaldo de la Justicia hecha hombres, los de Villalba no dudaron en calificar la resolución de un “nuevo varapalo judicial para Lanzarote”, tomándose así la revancha en nombre de la nave nodriza socialista, que acababa de soportar igual humillación a cuenta del manoseado acto de Batasuna que prohibió el juez Grande-Marlaska.

Sin embargo, al día siguiente, la Audiencia Nacional, que no es precisamente una falsa reliquia de la diosa de la Balanza, sí que juzgó que el recurso del Consistorio salmantino merecía la paralización cautelar del traslado, y, por si fuera poco, el Tribunal Constitucional, la mismísima hipóstasis del guardián de la Justicia, admitió cuando menos a trámite el que había interpuesto la Junta. Entonces fue el PP el que, con la señorita cegata repentinamente de su parte, interpretó que se habían “puesto de manifiesto las prisas inconfesables, la precipitación, la prepotencia, el oscurantismo y la debilidad” (nada menos) del Gobierno en su empeño en devolver los papeles.

Y así, con la misma seguridad complaciente de quien sabe que está esgrimiendo un argumento ad autoritas que nadie se atreve a contestar, ambas partes han culminado este fin de semana el penúltimo juego de espejos de esta eterna pendencia. Ya vimos cómo el PP se quejaba de que los catalanes actuaban como si Salamanca fuera una ciudad que nada tenía que ver con ellos, y cómo el PSOE contestaba que los salmantinos negaban a otra ciudad española, como Barcelona, el derecho a albergar el patrimonio estatal. También escuchamos a ambas partes apelar por igual a la reconciliación frente a las heridas abiertas, asistimos a los papelones simétricos del PP catalán y el PSOE castellano-leonés, Lanzarote sacó a los policías municipales y Carmen Calvo se llevó a los nacionales, los funcionarios de Cultura se enfundaron en nocturnidad para extraer los legajos y la Audiencia Nacional para bloquearlos, y ahora también los varapalos jurídicos acaban en egalité. Lástima que la dueña de la Balanza vaya a tener que desempatar, aunque no quiera, un mimetismo tan armónico que parece imposible que entre ambas partes se haya entablado una feroz discusión.

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