No acabo de compender por qué el PP está decidido a romper las negociaciones para la reforma de nuestro Estatuto si el PSOE presenta una propuesta basada en el catalán. Siguiendo el ejemplo de los que en términos autonómicos son siempre nuestros mayores, el preámbulo nos brindaría una ocasión única para saldar de una vez las dudas que existen sobre la naturaleza identitaria de nuestra región. La redacción del texto podría consensuarse, a saber: “Las Cortes de Castilla y León, recogiendo el sentimiento de las ciudadanas castellanas, los ciudadanos leoneses y viceversa, han definido a Castilla y León como un sitio donde hace mucho frío, y por esta fatalidad los lugareños desarrollaron un carácter adusto y reservado, que sin embargo se convierte en hospitalidad y franqueza en cuanto uno les conoce y ablanda su recia coraza”. Renunciando a jugar con conceptos, como reclamaba Herrera, y dándole un enfoque narrativo en vez de esencialista, como defendía Zapatero, es de esperar que se preserve la unidad de España y, de paso, que nuestra región logre revertir las antipatías y el boicot que los tópicos malintencionados han extendido entre los turistas.

Uno de los escrúpulos que impiden al PP lanzarse por esta senda de pluralidad y progreso al catalánico modo es, al parecer, el recelo que le producen las relaciones bilaterales entre la Generalitat y el Estado para dirimir asuntos que nos afectan a todos. Sin embargo, si de 17 posibles interlocutores ha sido uno solo quien ha interpelado al Gobierno, es natural que éste le conteste primero a él, y, una vez se acuerde un modelo de relación, se decida si se le da un carácter excepcional respecto a los demás (con todo lo que eso significa) o si se extrapola a modo de café para todos. En cualquier caso, Cataluña ha ido a negociar lo suyo, exclusivamente lo suyo, y no tiene ningún interés especial en modificar ese modelo de convivencia que nos afecta a todos. Entonces, se puede discutir si el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat es adecuado o no, y, por otro lado, si nos conviene hacerlo extensivo a todos los españoles o no. Pero no procede que lo extensivo a todos sea la discusión del acuerdo entre Gobierno y Generalitat, por medio de ese referéndum que propone el PP sobre una pregunta que dice más o menos: “¿Desea usted que España sea una sola nación y que todos los ciudadanos vivamos felices y comamos perdices?”.

Sobre el otro reparo que disuade al PP de emular la propuesta catalana, el modelo financiero, nadie pone en duda que aumentar la recaudación de las comunidades autónomas favorece a las más ricas. Y sí, resulta paradójico que los adalides de este modelo hayan sido partidos de izquierda; por lo menos tanto como que se hayan alzado como garantes de la solidaridad quienes siempre se quejan de que las ayudas a un sector repercuten en los impuestos de todos. Pero en términos absolutos va a seguir habiendo redistribución de la renta en beneficio de las regiones pobres, así que para emitir un juicio autorizado sobre si la cuota de solidaridad es suficiente o no hay que esperar a que se concrete su cuantía. Finalmente, habría que relativizar un poco las famosas inversiones garantizadas a Cataluña,. Primero, porque no se vinculan al PIB por sistema, sino como reparación de un supuesto (y discutible, eso sí, dado que CiU ha obtenido concesiones económicas en sus dos pactos de gobernabilidad) déficit en la última década. Y, segundo, por su montante real: los 3.000 millones comprometidos con Cataluña en siete años equivalen, por ejemplo, a menos de la mitad de lo que ha costado la ampliación de Barajas. Las inversiones en Castilla y León las superarían en dos sólo con que en 2007 se repitiera la partida que se nos ha asignado en 2006.

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