2 junio 2004 |
En otras latitudes |
Asistir como centinelas impávidos al espectáculo grotesco de una banda de narcotraficantes y sus familiares amenazando con bates de béisbol a los vecinos de Pajarillos, según la denuncia que el viernes presentaron éstos contra los agentes de la Policía Nacional desplazados a la manifestación del 20 de abril. Intervenir sólo cuando la refriega pasa a mayores, y entonces hacerlo con el objetivo aséptico de mantener el orden público, para lo que siempre resulta más fácil cargar contra el bando menos avezado en marrullerías. Mostrarse exageradamente recelosos con la gente que sale a la calle en defensa de la seguridad y la normalidad de su vida cotidiana, y llegar a prohibir algunas de sus movilizaciones en un cumplimiento tan estricto de la legalidad que parece como si estuviera ejerciéndose sobre los delincuentes. Acusar a los habitantes del barrio de inmiscuirse en la labor policial pero a la vez despreciar la disponibilidad que vienen ofreciendo, desde comienzos del año pasado, a señalar los lugares concretos en los que se trafica, las caras exactas de los capos y camellos, sobre los que seguramente no tendrán pruebas pero sí el conocimiento tácito e intuitivo que les da verlos y padecerlos a pocos metros todos los días. Tener el abanico de sospechosos perfectamente acotado y el escenario del crimen nítidamente definido, y sin embargo no hacer nada, o al menos no lo suficiente para que los vecinos perciban un mínimo de interés, de implicación, de cercanía, y no sientan la necesidad de volcar su rabia clamando que están mejor luchando solos. Declinar responsabilidades, pasar la patata caliente al poder político y recibirla de nuevo a continuación, jugar al escondite con la autoridad y los dos juntos con todos los ciudadanos. Dejar transcurrir el tiempo como si la tensión y el desasosiego fueran un asunto sin importancia y la angustia permanente de cientos de personas un mal menor, una calma chicha que no merece la pena quebrantar con acciones contundentes mientras no haya una prueba indeleble, un hecho luctuoso, una víctima colateral. Actuar cuando ya no haya remedio, porque sólo entonces no les quedará otro remedio. Limitarse a aplicar la ley con completa neutralidad, respetar por igual la libertad de los que dañan y los que sufren, confundir a víctimas y verdugos. A eso es a lo que, en otras latitudes, se le suele llamar equidistancia.
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Referencias y contextualización Desde comienzos de 2003, buena parte de los vecinos del barrio vallisoletano de Los Pajarillos venían manifestándose semanalmente por el incremento que había registrado el tráfico de drogas en la zona. Tal aumento coincidía con la culminación, por parte del alcalde Javier León de la Riva (PP) del proyecto de demolición del poblado de La Esperanza y realojo de sus habitantes dispersándolos por diferentes partes de la ciudad en viviendas subvencionadas. Pajarillos, un barrio no demasiado rico en el que el precio del suelo era asequible, fue el que se llevó una mayor cuota en el reparto (ver "Esperanzas y desesperanzas" y "Carta abierta a Kiko Rosique"). La movilización de los vecinos fue contestada por algunos de los presuntos narcotraficantes que vivían en la zona con intimidación y amenazas. Así sucedió, por ejemplo, en la concentración del 20 de abril, a la que los traficantes se acercaron mostrando palos y bates de béisbol. En su intento de prevenir el enfrentamiento directo, la policía cargó contra los manifestantes, que cursaron la correspondiente denuncia el 27 de mayo. Este suceso enconó aún más los ánimos de los vecinos de Pajarillos, que a lo largo del año habían criticado reiteradamente la pasividad de la policía, que nunca conseguía detener a ningún traficante. Los vecinos llegaron a pretender constituirse en patrullas ciudadanas, que fueron desautorizadas por las autoridades municipales, así como algún otro de sus proyectos de movilización y protesta. La relación de los vecinos de Pajarillos con el alcalde y el delegado del Gobierno siempre fue bastante tensa. Equidistancia era el término con el que el PP, algunos periódicos españoles y los propios afectados solían referirse a la sospechosa neutralidad del Gobierno vasco del PNV y la Ertzaintza entre el entorno abertzale y los ciudadanos amenazados por ETA (otra expresión utilizada era la de "confundir víctimas con verdugos"), que, entre otras cosas, había conllevado la prohibición de alguna movilización de éstos y la autorización de varias concentraciones de aquél, siempre ateniéndose a la estricta legalidad. También se acusaba al PNV y la Ertzaintza de no hacer todo lo posible por combatir a la banda terrorista. Además, en alguna ocasión el sindicato independiente del cuerpo había acusado al Gobierno de constreñir sus posibilidades de efectuar detenciones. |
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