Referencias y contextualización

A pesar de que entre bastidores se comentaba que ni PP ni PSOE tenían ningún interés en continuarla, y que Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez-Rubalcaba habían llegado a negociar su disolución, la semana anterior se habían reanudado los interrogatorios de la Comisión parlamentaria de investigación de los atentados del 11-M en Madrid, que había desarrollado su primera fase en el mes de julio. A lo largo de las sesiones, el PSOE y otros partidos políticos habían tratado de centrar los trabajos sobre la responsabilidad del anterior Gobierno del PP y su supuesta dosificación interesada de la información que la policía iba obteniendo, de cara a llegar a las elecciones del 14 de marzo con la opinión pública dispuesta a aceptar la hipótesis de que la banda terrorista ETA y no un grupo islamista estaba detrás de los atentados. Esto, según todos los analistas, habría favorecido a los populares en las urnas, que en cambio salieron de hecho derrotados tras conocerse que era un grupo integrista quien reivindicaba la masacre y la vinculaba al apoyo de José María Aznar a George W. Bush en la Guerra de Irak (ver "Cuatro días de marzo"). 

El PP, por su parte, había tratado durante todo este tiempo de defenderse de la acusaciones y de ampliar el campo de investigación de la Comisión a la llamada trama asturiana de la consecución de los explosivos por los terroristas de unos ex-mineros del Principado que llevaban años siendo  investigados por la Guardia Civil y la policía de Asturias y hasta en varios casos eran confidentes de ambos cuerpos. Respecto al primer objetivo, había sido memorable la comparecencia del ex ministro del Interior Ángel Acebes, que había negado vehementemente que ocultara ninguna información a la opinión pública durante los días posteriores al 11 de marzo; sin embargo, testigos como Miguel Ángel Fernandez-Rancaño, jefe de policía de Madrid nombrado en 2003 bajo el mandato local, regional y nacional del PP, habían declarado que se trabajaba preferentemente sobre la pista islámica desde el viernes 12, mucho antes de que así lo dejaran traslucir la ruedas de prensa de Acebes. El ex ministro del Interior también había desafiado a la Comisión lanzando a su vez la pregunta citada en el artículo, dando a entender así que la incertidumbre era prueba de que las cosas no habían sido como los demás grupos políticos e indirectamente el electorado habían querido reprochar al PP. El presidente del partido, Mariano Rajoy, se había mostrado convencido en una visita al municipio vallisoletano de Medina del Campo, el pasado mes de julio, de que la primera fase de la Comisión había demostrado la honestidad del anterior Gobierno.

Respecto al segundo objetivo del PP, las revelaciones de los periodistas de investigación del diario El Mundo, iniciadas por una serie titulada "Los agujeros negros del 11-M" a cargo de Fernando Múgica y continuadas por Antonio Rubio a través de sus contactos con Rafá Zouhier (implicado como transmisor entre los mineros asturianos y los terroristas islámicos pero a la vez confidente de la Guardia Civil) y por el director adjunto Casimiro García-Abadillo en su libro 11-M. La venganza, (con la posibilidad de una implicación por acción u omisión de los servicios secretos marroquíes y otros temas inquietantes), habían servido al PP para señalar que había muchos cabos sueltos que la mayoría de los partidos presentes en la Comisión renunciaban a investigar. En efecto, el PSOE y otros partidos minoritarios como ERC habían conseguido impedir la comparecencia de Rafá Zouhier con el pretexto de que un imputado no podía declarar en el Parlamento, y también prestar una atención muy secundaria a la trama asturiana y a un eventual contacto entre ETA y los terroristas islámicos, en las cárceles, a través de  los ex mineros que vendían dinamita a unos y a otros y en otras misteriosas coincidencias desveladas por Fernando Múgica (en relación con la posible conexión entre ETA y los islamistas, ver el artículo siguiente, "Todos pasan por Top@s").

En ese sentido, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, había respondido en Valladolid al portavoz socialista en la Comisión, Álvaro Cuesta, que, si se desataban las valoraciones sobre la actuación de un partido y otro en el mes de marzo y durante la investigación parlamentaria, se podía armar. Una de las grandes sospechas que habían arrojado los populares, aunque sin aportar datos concretos, y que había sido abiertamente defendida por algunos de los líderes de opinión de la derecha en España, era que un grupo de la policía afín al PSOE (uno de cuyos representantes sería el coronel Félix Hernando, antiguo colaborador de Rafael Vera y actual jefe de la Unidad Central de la Guardia Civil, muy implicada en la investigación sobre los terroristas del 11-M) habría informado correctamente a su partido y equivocadamente al Gobierno del PP durante los días posteriores al 11-M, para que éste transmitiera a la opinión pública su convencimiento de que la autora de los atentados había sido ETA y luego los hechos lo desmintieran, dejando a Aznar y Acebes en evidencia y a punto para el varapalo electoral. Algunos opinadores habían incluso sugerido la posibilidad de que tales sectores, sabiendo lo que se tramaba a través de sus confidentes, permitieron que se llevara a cabo para echar al PP de La Moncloa. Zaplana, finalmente, también defendió en Valladolid el modelo económico de austeridad propugnado por el PP durante sus años de gobierno, frente al que el PSOE había dado a las comunidades autónomas cierto margen para el endeudamiento.

La reflexión final sobre el desenlace de la Comisión parlamentaria sobre el 11-M está recogida en "Conclusiones"