Desde que, hace justo una semana, ETA hiciera público su alto el fuego, se han venido sucediendo las especulaciones en torno a los eventuales precios políticos que reclamará la banda, cuyo comunicado mencionaba como horizonte último el respeto a la decisión del pueblo vasco.

Aunque la alusión no fuera una simple justificación retórica ante su base social, habría que aclarar que cualquier precio que se pague será siempre el resultado de una negociación en la que, actualmente, quien tiene más posibilidades de regatear es el Estado. Para disimular esta evidencia, la derecha fabula con que a Zapatero le domina una especie de fascinación patológica y masoquista por la rendición y/o la destrucción de España, pero, si no partimos de esa suposición unilateral, no queda tan clara esa "imposibilidad de evadirse del pago” que temía el sábado en estas páginas Eduardo Roldán. En el supuesto de que ETA no se sintiera suficientemente gratificada y porfiara en la resistencia numantina, lo más que habría que hacer es volver atrás y limitarse a combatirla policialmente hasta su extinción como propugna el PP. Con algunos muertos más que el Gobierno debe intentar ahorrar a la sociedad, pero con idéntico desenlace.

Los precios políticos por los que ya de antemano se van rasgando las vestiduras el principal partido de la oposición y sus forofos mediáticos son la legalización de Batasuna, la aceptación de su estrategia de las dos mesas y, en último término, la autodeterminación. También se habla del reagrupamiento o la amnistía de presos, pero este tipo de concesiones, que es el que se hará (como escribí hace meses, el Gobierno no puede trabajar pensando en las víctimas de ayer, sino en las de mañana), sólo debería poseer carácter político para quien otorga tal calificativo a los encarcelados. Es decir, para los abertzales.

Sobre Batasuna, supongo que nadie con un mínimo de espíritu constructivo pensará que tiene sentido mantenerla fuera de la ley una vez que ya no hay terrorismo que no condenar ni de cuyo entramado formar parte. En cuanto a las mesas multipartidistas, son una obvia “concesión”, pero por parte de HB respecto a sus exigencias históricas, y desde las elecciones vascas de mayo pasado llevo sosteniendo que son además el mejor arma del Gobierno para neutralizar el Plan Ibarretxe; este último objetivo, por cierto, lo comparte con los propios abertzales, que habían perdido por completo la iniciativa en el nacionalismo vasco. Además, una eventual coalición PSE-Batasuna, con ésta reconvertida en una suerte de ERC e incluso de Euzkadiko Ezkerra, aterroriza al PNV más que a nadie.

Finalmente, la autodeterminación del "pueblo vasco" no la impone ETA, ni siquiera a modo de amenaza tácita de vuelta a las armas que no formula en ningún momento en el comunicado de alto el fuego. En realidad, sucede lo contrario: es precisamente su desaparición la que nos obliga a buscar otra razón para no conceder tal derecho. Y esta razón, insisto, no pasa por cuestionar la propia autodeterminación, sino el hecho de que los nacionalistas la fundamenten en la existencia de un "pueblo vasco" con más legitimidad para ejercerla que, por ejemplo, el "pueblo alavés", el "pueblo de Barakaldo" o el "pueblo del barrio de Las Arenas de Bilbao".

Artículo siguiente

Artículo anterior

Página principal