Si pudiéramos diseccionar la morfología de cada voto, seguramente encontraríamos en su centro un enorme y sólido núcleo compuesto de preferencias ideológicas, sentimentales y hasta estéticas, que relegan a los razonamientos sobre lo que le ocurre y conviene al país a un lugar periférico. Pero no estaría de más tratar de cimentar nuestra decisión en ciertas premisas fácticas, que nos mantuvieran a salvo de la demagogia y las trampas dialécticas de la campaña y que, valga la paradoja, en mi opinión no son opinables.

La primera es que, dejando aparte algún dispendio sólo responsable de una parte ínfima de la deuda, el PSOE difícilmente habría podido gestionar la crisis de otra manera. En tres años era imposible buscar un motor de la economía alternativo a la construcción y un destino donde recolocar a sus parados; de hecho, la dependencia inmobiliaria se basta para explicar que estemos peor que Alemania y otros países. La segunda, que la culpa tampoco es de la Ley del Suelo del PP, cuyo planteamiento de liberalizar para abaratar habría funcionado de no ser por que se generalizó la creencia de que la vivienda iba a subir siempre; al final, las cosas valen lo que se piensa que van a valer en el futuro. Luego, los gobiernos vivieron de la burbuja porque nadie pensó que estallaría tan pronto.

Otra certeza es que la situación económica no va a cambiar, gane quien gane. Rajoy proclama que una política distinta generará empleo e ingresos fiscales para reducir la deuda y financiar los servicios públicos, pero es que no la hay. De hecho, tanto el PP como el PSOE han anunciado que mantendrán los impuestos, ayudarán a la contratación de las pymes, promoverán la austeridad de las administraciones y recortarán gastos porque lo manda la UE pero tratando de no tocar el Estado del Bienestar. La única diferencia es que el PSOE sacará de los ricos, los banqueros y los fumadores el dinero que el PP confía obtener de una incierta recuperación de la actividad privada. Rajoy denuncia con razón que el sector público ha acaparado los créditos, pero que bancos y empresas se arriesguen a invertir requiere un horizonte de expectativas que no se da y no va a depender de él.

En el ámbito realmente importante, que es el internacional, Rubalcaba sabe que la UE tiene pendiente dilucidar el debate entre ajuste y estímulo público, efectivamente decisivo para el futuro de Europa, pero pedir una moratoria de dos años para el pago de la deuda española no es parte de un programa electoral sino un mero desiderátum. Además, aunque no me cabe duda de que él sería un interlocutor carismático en tales discusiones, al final la decisión la tomarán Berlín y París, y Rajoy, que es un tipo tranquilo y sensato, la adoptará igualmente para España aunque por entonces gobiernen allí los socialdemócratas franceses y alemanes.

Los partidos más injustamente infrarrepresentados merecen aprovechar la ocasión para ganar diputados. UPyD sería una opción muy interesante si el PP la necesitara para gobernar; le ahorraría el pacto con los nacionalistas, contendría sus excesos católicos y liberales y le impondría la reforma electoral. IU ha sido el grupo más coherente en su diagnóstico de la crisis y apoyarla sería hoy tan útil como hacerlo al PSOE (en función de quién de ellos dispute, según los caprichos de D'Hondt, el último escaño en liza en cada provincia), porque sin obligaciones de gobierno éste virará a la izquierda y ambas formaciones unirán sus votos en el Parlamento. Abstenerse o votar nulo o en blanco, al no modificar los porcentajes obtenidos por los partidos en la circunscripción, equivale matemáticamente a repartir tu papeleta ratificando a cada uno de ellos el que saque en el resto de sufragios.

 

 

Referencias y contextualización

El domingo 20 se celebraban elecciones generales en España. El PP y su candidato Mariano Rajoy, a los que las encuestas otorgaban una cómoda mayoría absoluta, acusaban al PSOE de arruinar la economía y sugerían que su mejor gestión de la misma permitiría reducir la acuciante prima de riesgo de la deuda y a la vez mantener el Estado del Bienestar. El PSOE, por su parte, advertía de que el PP haría recortes en el Estado del Bienestar para reducir el déficit, y su candidato Alfredo Pérez Rubalcaba había anunciado impuestos sobre las grandes fortunas, sobre los bancos y sobre el tabaco y el alcohol para financiar respectivamente la creación de empleo en las pymes y la deuda de la Sanidad.

Rubalcaba se defendía de las críticas por seguir promoviendo el gasto público pese a los problemas con la prima de riesgo asegurando que en la UE se estaba y se seguiría debatiendo si primar la austeridad o el estímulo de la economía desde el Estado; él prometió pedir a Bruselas una moratoria de dos años para pagar la deuda. UPyD e Izquierda Unida eran los partidos más perjudicados por la ley electoral española, cuya reforma habían solicitado reiteradamente en el Parlamento encontrándose con la oposición del PSOE, el PP, CiU y el PNV. Sobre los efectos matemáticos de la abstención o el voto en blanco ya se escribió, en 2003, "Desmitificación del voto en blanco".