La lucha para reducir el déficit es una penosa guerra de trincheras en la que hay que ir ganando terreno palmo a palmo, recortando unos eurillos de aquí y allá, detectando viejas inercias o dispendios de la Administración y nuevas formas de ahorrar o maximizar recursos en la gestión de los servicios públicos. Será lo único bueno que salga de esta crisis tras la que a Europa no le va a conocer ni la madre social que la parió, como consecuencia de que, al parecer, no se puede limitar por ley los intereses que paga la deuda soberana porque sería intervernir en los precios. Curiosamente, en cambio sí se puede poner un tope a los que rinden los depósitos bancarios, que se supone que también deberían quedar dictados por la ley de la oferta y la demanda.

Dentro de este empeño de reducir el gasto, en principio no tengo nada contra las privatizaciones y los conciertos, siempre y cuando la gestión sea auspiciada honestamente por alguien que no tenga expectativas de negocio o de soborno. También sería lógico que, con algunas excepciones, trabajemos hasta los 67 años y más allá... si eso no cercenara las expectativas vitales de los interinos, los grandes paganos de los recortes porque no renovar un contrato se justifica legal y moralmente mejor que un despido.

Ahora bien, esos esforzados ahorrillos son una minucia al lado del fraude fiscal de 58.000 millones que se practica cada año en España, más del 20% del Producto Interior Bruto. Hace unas semanas, Montoro amenazó con publicar la lista de los defraudadores, una táctica que suena un poco a la de aquel chiste de Gila en que el asesino se desmorona y confiesa en cuanto se le insinúa: “Alguien ha matado a alguien...” En mi opinión, existiría otra estrategia mucho mejor: ofrecer recompensas monetarias a los ciudadanos que delaten a los albañiles que cobran sin IVA, a los empresarios que ocultan ingresos, y, sobre todo, a las grandes sociedades que utilizan trucos para no pagar sus impuestos o para hacerlo en otros países con una fiscalidad más ventajosa.

Es una idea a la que sólo le veo beneficios. Todos los españoles seríamos una especie de inspectores de Hacienda freelance. A los parados se les brindaría una posibilidad de lucro sin necesidad de mandar currículum en vano porque se les pagaría por obra y servicio, los trabajadores obtendrían un complemento y algún soborno de sus jefes con los que adecentar sus increíbles salarios menguantes y el Estado, que pagaría a porcentaje sobre la cuantía reflotada de la economía sumergida, siempre saldría ganando y saneando sus cuentas. Ochenta millones de ojos contra el fraude. El voyeurismo entendido como servicio público, el vicio nacional de la envidia reconvertido en compromiso con el país. Y, por fin, sería cierto aquel hermoso eslogan que decía que Hacienda somos todos.

 

 

 

Referencias y contextualización

La noticia de la que deriva este artículo se puede leer aquí. Otro artículo que defiende expresamente intervenir en el interés que paga la deuda soberana había sido "Otro tipo de intervención", en contraposición a la que se barajaba iba a ejecutar la UE sobre las finanzas españolas. El despido masivo de interinos ya se auguró en septiembre de 2011 en "Concurso de (re)cortes".