Nada más lejos de mis intenciones que poner una piedra irregular en el armonioso puente que, con oportunidad de fecha y todo, han levantado nuestras Cortes sobre el consenso inmaculado y la lealtad a la Constitución. Gracias a su pulcra ingeniería, el Estatuto ya está registrado en el Congreso y espera rápida y expedita ratificación, de bueno y respetuoso que es, el tío. Sería casi de mal gusto pretender enturbiar el alborozo que rezuman nuestros políticos, tan incontenible que a los paisanos, sin comerlo ni beberlo, hasta nos salpicó un “enhorabuena” por su hazaña. Y usted y yo con estos pelos.

Pero es el tema del mes (y aun de la década, diría, pues no puede haber muchas más “fechas históricas” para Castilla y León de aquí a 2010), y, si hay que rellenar esta caja con él, habrá que apuntar, por ejemplo, que el consenso no encierra ningún mérito especial. Si PP y PSOE partían (como es previsible dada la inanidad de la controversia regional) de posiciones afines o cuando menos compatibles, sólo faltaba que no llegaran a un acuerdo. Y, si no, alguien se ha bajado los pantalones inútilmente, porque en todo caso la mayoría se habría impuesto y la minoría se habría tenido que callar. Como sucede en las regiones donde de verdad hay posiciones irreconciliables y como ha sucedido siempre sin que nadie osara rechistar hasta que se puso de moda la pamema de los pactos de Estado.

Por lo demás, aunque Herrera tenga que justificar su entrada por el aro estatutario y Jordi Sevilla se apresure a cantar victoria porque ya lo decía el Gobierno, no está tan claro que la descentralización y el autogobierno sean un avance per se. Burocracia doble, pulsos entre administraciones, duplicación de cargos y prebendas con cargo a nuestros impuestos… y multiplicidad de normas y tasas que vuelven locos a los empresarios. En otros temas, por mucho menos se ha clamado que los españoles ya no somos iguales ante la ley.

Sobre la denominación de “comunidad histórica y cultural” de la que también nos jactamos, meterá menos ruido que “nación” pero no me negarán que es igual de arbitraria y anacrónica. Por aquí nos reímos con razón de los derechos históricos de otros para luego anotarnos como patrimonio digno de figurar en el preámbulo el Fuero de Brañosera. ¿Dicen que no hiere a nadie? Pues hombre, como ocurre con cualquier nacionalismo o regionalismo, a la identidad enemiga. En este caso, la leonesista, cuyos rasgos culturales se absorben como cualidades adjetivas del sustantivo esencial “Castilla y León”. ¿Y cuál debería ser nuestro gentilicio? “Castellanoleonés”, por supuesto, si existe tal comunidad. Y, si abarca dos identidades distintas aunque fundidas en una sola entidad política, en singular cada uno de nosotros seríamos “castellano” o “leonés”, y en plural, los ciudadanos “castellanos o leoneses”. Ya ven, después de todo vamos a ser el colmo de la bilateralidad.

 

 

Referencias y contextualización

Las Cortes de Castilla y León aprobaron su propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía el 29 de noviembre y lo registraron en el Congreso de los Diputados el 4 de diciembre. El consenso alcanzado entre PP y PSOE permitió que el texto saliera adelante con una abrumadora mayoría de la que sólo disintió la Unión del Pueblo Leonés (UPL), partidaria de la segregación de León y la formación de una nueva autonomía junto a las provincias de Salamanca y Zamora.

Los políticos autonómicos destacaron, además del consenso alcanzado, el respeto que su Estatuto mantenía hacia la Constitución, a diferencia de lo que el PP criticaba del de Cataluña. Por ello, se esperaba una ratificación rápida y sin obstáculos en el Congreso de los Diputados. José Manuel Fernández de Santiago, presidente de las Cortes de Castilla y León, dio la enhorabuena al pueblo de Castilla y León tras la aprobación del Estatuto en la cámara regional y calificó el evento de "fecha histórica" para la comunidad.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió el "autonomismo útil" y reconoció que la reforma estatutaria era positiva si se hacía dentro de ese marco y no se caía en "abusos, excesos y provocaciones". El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, celebró que un gobierno autonómico controlado por el PP se sumara así a la reforma estatutaria liderada por el Ejecutivo central.

Herrera destacó también la denominación de "comunidad histórica y cultural" con la que se había autodefinido Castilla y León, eludiendo referencias nacionales como las de Cataluña y Andalucía; a su juicio, ese nombre "no hería a nadie". Finalmente, recalcó que Castilla y León no había querido imponer al Estado unas relaciones bilaterales de igual a igual como las que, según el PP, pretendía la Generalitat de Cataluña.

El gentilicio adoptado para Castilla y León seguía siendo "castellano y leonés", desoyendo así las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua, que propugnaba el de "castellanoleonés" para connotar el carácter unitario de la comunidad.

El Estatuto reconocía como patrimonio cultural de la comunidad, entre otras cosas, la lengua leonesa y el Fuero de Brañosera, una carta puebla por la que el conde Munio Núñez condedió en 824 la categoría de villa de hombres libres a la localidad palentina.

Del camino seguido por Castilla y León hacia la aprobación del nuevo Estatuto, siempre con Cataluña como referente, trata también "Enfrente y detrás de Cataluña". De la reforma estatutaria emprendida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la reacción del PP contra ella, "Una estupidez, no una tragedia". Sobre el leonesismo y la UPL, en paralelo con Cataluña y ERC, trata "Niños chapoteando".