No hay una moraleja única para las dos tramas que se han engarzado en la fábula policial-judicial de la semana, aunque se la pueda poner un título tan propio de Esopo y ambas cuenten con un mismo antagonista con fama de zorro. Por más que insista el PP, el Gobierno y su exministro del Interior no tenían ninguna necesidad de inducir una operación contra Marta Dominguez para tapar el conflicto de los controladores aéreos, cuya resolución por las bravas gozó del aplauso de la mayoría de los españoles. En cambio, es obvio que ningún policía habría dado un chivatazo a ETA sin la autorización de los más altos responsables políticos.

Cuando uno puede desmentir un infundio, hace como la atleta palentina: afirma algo tan fácil de contrastar como que no había sustancias prohibidas en su casa y explica con detalle y verosimilitud todas las conductas y conversaciones que la Guardia Civil había puesto en cuestión. A día de hoy, su inocencia parece tan clara que resulta exagerado temer que no pueda lavar del todo su imagen mancillada o exigir a Alfredo Pérez Rubalcaba que le pida perdón. Bastante tiene el exministro (que, a diferencia de Marta, nunca ha entrado al fondo de las acusaciones y se ha defendido con descargos colaterales como la instrucción judicial en marcha, los éxitos contra ETA, la detención de los implicados seis semanas más tarde o la táctica del PP contra su persona) con influir todo lo que esté en su mano para que a los policías que van a ser procesados les caigan sólo tres años por encubrimiento (otra cosa sería desmedida) y renuncien a tirar de la manta.

Ahora bien, la mayor diferencia entre ambos casos es que el de Marta se limitaba a esclarecer el presunto delito de una persona. En cambio, en el bar Faisán nos jugábamos todos mucho más. En un país normal, Rubalcaba habría podido justificar el chivatazo diciendo “la ocasión lo merecía” y todo el mundo lo habría aceptado sin rechistar. La ley es una convención que nos hemos dado para favorecer la paz y la convivencia, y, cuando ésta se puede mejorar por medios que al Derecho le están vedados (hubo muchos ejemplos de ello durante la Transición), los escrúpulos legalistas se muestran estrechos y contraproducentes.

Recordemos que, según se dijo entonces, el chivatazo evitó salpicar a Gorka Aguirre y de esa forma facilitó el apoyo del PNV durante todo el proceso. En las conversaciones de Loyola, Josu Jon Imaz se puso del lado del Gobierno frente a todas las exigencias políticas de ETA, y, al quedar en minoría, ésta se quedó sin coartada ante su gente cuando voló la T-4. Si hoy la serpiente se ve obligada a acurrucarse debajo de una piedra, en parte es porque la salida se la cerró el faisán.

 

 

Referencias y contextualización

La semana anterior, la atleta palentina Marta Domínguez fue declarada inocente de dopaje y de tráfico de sustancias prohibidas, después de una larga investigación iniciada en diciembre con la Operación Galgo (ver "¿Tú también, hija mía?"), cuyo inicio atribuyeron algunos al deseo del Gobierno de distraer la atención del conflicto con los controladores aéreos, que había provocado un caos en el puente de la Inmaculada (ver "Aterrizaje forzoso")..

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió procesar a los tres mandos policiales implicados en el chivatazo a ETA conocido como "caso Faisán", por el bar cuyo dueño, Joseba Elosua, responsable de la red de extorsión de la banda, fue alertado de que iba a ser detenido. Ruz barajaba imputarles, bien un delito de encubrimiento y revelación de secretos (penado con tres años de cárcel), bien uno de colaboración con el terrorismo (castigado con diez).

En la operación abortada por el chivatazo, también iba a verse salpicado Gorka Aguirre, histórico militante del PNV y luego fallecido. En su día, se dijo que al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le venía bien llevarse bien con el PNV, con cuyo presidente Josu Jon Imaz se iba a reunir inminentemente, para tenerle a su lado en el proceso de paz iniciado con ETA.