La última vez que un gobernante español se atrevió a tomar una medida contra el sector financiero fue, si mal no recuerdo, cuando los Reyes Católicos expulsaron a los judíos. Por eso, al PP, al que se le debe criticar una reforma laboral que, según admite, sólo creará empleo cuando la economía se recupere (o sea, cuando ya lo iba a crear por sí misma, pero ahora en peores condiciones para el contratado), hay que reconocerle también una decisión y media sobre los bancos que ya le hubiera gustado alumbrar al PSOE.

La decisión es la de exigirles que cubran con capital su exposición al stock inmobiliario, invitándoles de facto a deshacerse de él a su precio actual de mercado. Además de augurar por fin una rebaja real de la vivienda, la idea sitúa a los bancos en la lógica del riesgo inversor: si en su día adquirieron unos bienes con el objeto de sacarles rentabilidad y se han depreciado, han de ser ellos quienes asuman las pérdidas a cambio de obtener la liquidez que necesitan.

La media decisión es la de incentivar la dación en pago ofreciendo a las entidades financieras deducirse fiscalmente el dinero que perdonen a los deshauciados. Y es media porque, sin duda, está muy bien que el Gobierno ingenie maneras de hacer esas tragedias un poco menos angustiosas, pero no que lo haga a costa indirecta del resto de contribuyentes. Tampoco se lo he oído a la izquierda, pero la dación en pago debería justificarse conceptualmente (e imponerse legalmente) desde la misma lógica del riesgo inversor.

La concesión de un crédito hipotecario tendría que considerarse una inversión del banco; muy lucrativa además, por mor de esa fórmula criminal que hace que el cliente no le devuelva el capital más el interés, como sucede en cualquier otro préstamo, sino 10 ó 15 veces más. De hecho, en realidad es la entidad la que adquiere inicialmente la vivienda, en su totalidad o en su mayor parte, y el comprador se la va pagando con los años. Por tanto, no tiene ningún sentido que su eventual depreciación recaiga exclusivamente en éste último. La deuda del cliente que no pueda seguir pagando su casa debería saldarse con su entrega al 100% del precio por el que fue tasada, restando si acaso la amortización por el uso. Si los pisos han subido desde entonces, el banco saldrá ganando y, si han bajado como ocurre ahora, perdiendo.

Tampoco sería ningún drama para las entidades financieras: les pasaría como a las compañías de seguros, que compensan de sobra, con la rentabilidad que sacan a los miles de clientes que cumplen, lo que pierden con quienes les salen rana. A lo sumo, estudiarían con un poco más de rigor de lo que ya hacen dónde les conviene poner su dinero. Yo no creo que los créditos fáciles de la época de bonanza, que firmaron dos partes de común acuerdo, fueran una irresponsabilidad de los bancos, pero lo que no puede ser es que éstos ganen siempre: cuando su inversión se revaloriza y cuando los clientes o el erario público les compensan la devaluación.

 

 

Referencias y contextualización

El miércoles 22, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el ministro de Economía y Hacienda, Luis de Guindos, anunció que el Gobierno estimularía la dación en pago (el que un comprador de una vivienda que no pudiera seguir pagándola saldara su deuda con el banco por medio de la simple entrega de su piso a la entidad, en lugar de devolvérsela al 60% de su precio original y deberle el importe restante) permitiendo a los bancos que se dedujeran fiscalmente la cantidad que perdonaran al cliente. Antes, el Consejo de Ministros del día 3 había aprobado una reforma del sector financiero aumentando las exigencias de liquidez a la banca con el propósito de que se deshicieran de su stock de viviendas bajando su precio.

El mismo razonamiento sobre la necesidad de que los bancos asuman los riesgos de sus inversiones, pero criticando que el Fondo de Garantía de Depósitos sólo cubriera 100.000 euros por persona y entidad, se aplicó ya en octubre de 2008, un mes después del crack financiero en EEUU, en "Los bancos, únicos responsables de sus riesgos". Otra denuncia de los privilegios de las entidades financieras, rara vez amenazados por el poder político, había sido "A los bancos, cheque en blanco", publicado en octubre de 2003.