El presidente y la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León apelaron a la “democracia” al solicitar al Gobierno que proceda contra las candidaturas abertzales que se han presentado a las elecciones municipales en el condado de Treviño, pero probablemente tengan que resignarse a que se les complazca sólo a medias: se impugnarán las listas de TAS y AAS, que reproducen las siglas malditas de Abertzale Sozialistak, y se dará luz verde a las de ANV, que en Treviño y La Puebla de Arlanzón no parecen contaminadas de elementos batasunos. En cierto modo es comprensible; aunque los últimos documentos policiales publicados por este periódico demuestran que la baza de ANV estaba prevista por ETA y que el Gobierno la deja pasar como contrapartida por la ausencia de violencia (contrapartida lógica y aun diría que acertada, pero contrapartida a fin de cuentas), no es precisamente la “democracia” la que habría justificado que se tomaran medidas.

La palabra democracia se manosea últimamente hasta mucho más allá de sus límites semánticos. Pero, si la entendemos en sentido no literal, sino metonímico, referida al sistema democrático en su totalidad, con sus instituciones y equilibro de poderes, ANV cumple tanto con el legislativo como con el judicial:  la Ley de Partidos ilegalizó Batasuna por no condenar la violencia, cosa que ANV sí que hace expresamente en sus estatutos, y el mismo Baltasar Garzón que proscribió paralelamente a Batasuna por formar parte de ETA no ha considerado oportuno hacer lo propio contra la nueva formación.

Las resoluciones de Garzón posiblemente se contradigan, pero ambas son jurídicamente válidas, y no está nada claro que la errónea (o incluso prevaricadora) sea ésta última y no la que cambió toda la jurisprudencia existente hasta el momento para interpretar que el brazo político era consustancial al brazo armado. Yo, por más que lo pienso, no alcanzo a entender que un mismo conjunto de datos e indicios no pueda interpretarse igualmente como que: a) hay un único entramado con varios frentes dirigidos y controlados por ETA, en el que por tanto todos son terroristas, y,  b) hay varias organizaciones que comparten fines y base social y se apoyan mutuamente, entre ellas tiene cierta preponderancia la que posee las pistolas y goza del prestigio del fundador, y sólo es terrorista la que emplea métodos terroristas. El que uno se decante por una u otra opción no se debe a la aparición de datos nuevos, sino a que se adopten una premisa de partida, un punto de vista y un enfoque diferentes; es decir, subjetivos y parciales. Entre ambos planteamientos, obviamente es más democrático el que juzga a las personas por sus actos individuales y no por su pertenencia a un grupo.

Y, por supuesto, si entendemos la palabra democracia en sentido literal, como el poder del pueblo, lo único que procede es someter a su consideración todas las candidaturas que decidan presentarse, y el mayor obstáculo que se opone a su ejercicio en el condado de Treviño es que se rechace la voluntad del 90% de los ciudadanos bajo la excusa de que están siendo víctimas del anexionismo vasco.

 

Referencias y contextualización

La semana anterior se supo que, en los dos municipios del condado de Treviño (enclave perteneciente a la provincia de Burgos pero geográficamente inserto en la de Álava), a las elecciones del 27 de mayo iban a concurrir tres listas del entorno abertzale sospechosas de ser un intento de Batasuna de eludir su condición de partido ilegal: Treviñuko Abertzale Sozialistak (TAS) en Treviño, Argantzungo Abertzale Sozialistak (AAS) en La Puebla de Arganzón y una candidatura de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en cada uno de estos municipios. La vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, declaró el jueves, nada más conocerse los hechos, que esperaba que la Fiscalía General del Estado impugnara todas esas listas "para que impere la democracia", y el presidente Juan Vicente Herrera recalcó el domingo que a unas elecciones democráticas debían presentarse sólo los partidos que cumplieran "la ley y la democracia". Sin embargo, la intención del Gobierno, que se confirmaría al día siguiente de la publicación de este artículo, parecía ser impugnar todas las candidaturas que compartieran las siglas A y S del partido Abertzale Sozialistak Batasuna y las de ANV en las que más del 20% de los candidatos tuvieran alguna relación acreditable con Batasuna.

En los días precedentes, la edición nacional de El Mundo había publicado documentos policiales en los que se demostraba que el ex dirigente de ETA Mikel Antza ya preveía en 2004 valerse del partido ANV para sortear la ilegalización de Batasuna y que el año anterior se habían reunido representantes de ambas formaciones para preparar la contingencia. Además, boletines internos de ETA (Zutabe) atestiguaban que el Gobierno se había comprometido a permitir de hecho la actividad política de Batasuna para seguir adelante con el proceso de paz.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ilegalizó Batasuna en verano de 2002 (a la vez que lo hizo la Ley de Partidos, que estipulaba que toda formación política tenía que condenar expresamente la violencia para ser legal) por considerar que formaba parte intrínseca del entramado dirigido por ETA, y por tanto se le podía considerar organización terrorista. Sin embargo, esta vez no había hecho lo propio en relación a ANV.

En el condado de Treviño, según las encuestas, más del 90% de los ciudadanos eran partidarios de integrarse en la provincia de Álava.

Acerca de la situación en Treviño, un artículo anterior es "Demostremos". Sobre la ilegalización de Batasuna en 2002, se puede leer "La ilegalización", y, sobre las presuntas contrapartidas del Gobierno a ETA a cambio de su alto el fuego, "Los precios políticos".