La evolución semántica de la palabra estigma es una de las más paradójicas de la lengua. Los estigmas, en origen, no eran un signo de discriminación o desprecio sino todo lo contrario: la expresión física de un ungimiento, de un don divino que facultaba a unos pocos privilegiados para compartir los sufrimientos de Cristo.

Juan Vicente Herrera tiene razón al criticar que se utilice la reforma laboral para estigmatizar a los empresarios como seres demoníacos que están deseando echar a sus empleados. Pero, si acudimos al sentido primigenio del término, parece que es más bien el Gobierno el que, desde las alturas celestiales, los ha marcado con una cruz y les ha dicho con sonrisa beatífica: “Sois mis elegidos. Podéis hacer lo que os complazca para reactivar la economía”.

No dudo de que esta profesión de fe del PP sea sincera, puesto que la ha encarnado en obras como el plan de pago de las administraciones a sus proveedores, que, además de hacer justicia, inyecta liquidez a la iniciativa privada aun a costa del ya maltrecho erario público que maneja el Gobierno. Pero los dogmas tienden a perder el contacto con la realidad y a incurrir en el maniqueísmo.

Es obvio que ni los empresarios ni los trabajadores son intrínsecamente buenos ni malos, aunque los más ultras de ambos bandos lo presenten tácitamente así. Unos y otros luchan por sus intereses, a veces confluyentes y a veces opuestos, y, como es natural, aprovechan los resquicios legales que les permiten salirse con la suya sin pensar en sus oponentes. Por eso, es misión del Gobierno establecer unas reglas que impidan la mera posibilidad de que una parte abuse de la otra.

No me cabe duda de que la vocación de los empresarios, como dice Herrera, es crear empleo y no destruirlo, porque necesitan gente que les ayude a sacar rentabilidad a su negocio. Lo que pasa es que esta reforma laboral les concede patente de corso para maximizar sus beneficios en la composición de la plantilla y deja al asalariado, quien por definición está en una posición de debilidad respecto a ellos, a expensas de una buena voluntad que puede existir o no.

Al mismo tiempo, hay otros aspectos de las relaciones laborales (las bajas, la inflexibilidad de los convenios, los privilegios sindicales) en los que hasta ahora eran los trabajadores quienes podían abusar de su situación ventajosa, y está bien que se corrijan. También sería justo que los autónomos tuvieran acceso a un subsidio de paro y a otras prestaciones de la Seguridad Social en igualdad de condiciones que los asalariados.

Sin embargo, el Partido Popular no puede ampararse en los cinco millones de parados para hacer cualquier cosa, dando por sentado que se han de acometer reformas estructurales, que éstas van a dar el resultado pretendido y que dicho resultado es un supuesto interés general que no existe. Tampoco puede deslegitimar una huelga alegando que no se convocó antes pese a las cifras de paro, que no son responsabilidad del Gobierno. Se convoca, como es lógico, ahora, contra un nuevo marco legal que sí lo es.

 

 

Referencias y contextualización

El viernes 23, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pronunció un discurso ante empresarios y autónomos de la comunidad, defendiendo la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Sobre ésta última, puede leerse el artículo "La reforma laboral, o invertir la injusticia" y el primer párrafo de "La dación en pago y la lógica del riesgo inversor".