Tiene razón la diputada provincial burgalesa de UPyD Rosario Pérez cuando rechaza defender la permanencia de Treviño en Castilla y León apelando a los mismos argumentos historicistas que esgrimen los nacionalistas vascos para avalar el concierto económico. Personalmente, no creo que las leyes, que a fin de cuentas no son más que el precipitado que va dejando la Historia, constituyan un argumento más pertinente para impedir la segregación del condado, pero honra intelectualmente a la diputada que, siendo contraria a la misma, sea capaz de rehusar la coartada y de reconocer que el pasado no justifica nada.

Nunca dejará de sorprenderme esa enfermiza necesidad que tienen las sociedades de buscar una vinculación con quienes les precedieron en el mismo suelo, un nexo que, significativamente, no sienten como propio los sucesivos clientes que han reservado una determinada habitación de hotel. Compartimos infinítamente más con nuestros contemporáneos de otros territorios que con nuestros antepasados en el mismo, pero seguimos aferrados a la práctica romántico-nacionalista de seleccionar convenientemente una serie de puntos del pasado y unirlos con una línea que nos dé continuidad narrativa. Una tarea de una complejidad intelectual tal que se la encargan a los niños en la guardería.

Ahora se proponen acometerla el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, y varios diputados del PP, que han emprendido una campaña para que se reconozca a las Cortes de León de 1188 como las primeras del parlamentarismo europeo. Es curioso, porque al mismo tiempo desdeñan con razón a los nacionalistas vascos y catalanes por presentar sus instituciones medievales como prueba de que su soberanía es anterior a la Constitución.

En realidad, las Cortes medievales no eran representativas sino estamentales, no elegían democráticamente a sus diputados y tampoco aprobaban leyes. Los monarcas, como ya hacían sus predecesores visigodos aprovechando los concilios de la Iglesia, las reunían al comienzo de su reinado y en momentos en que se encontraban en situación de debilidad, y se comprometían litúrgicamente a respetar los fueros y los privilegios heredados a cambio de recibir dinero o lealtad de los nobles. No son en ningún caso un antecedente del parlamentarismo moderno y mucho menos de la nación soberana, que por definición se basan en el conjunto de ciudadanos iguales ante la ley: sería como si la república francesa se declarara heredera de los Estados Generales en lugar de los juramentados en el Juego de Pelota que terminaron aboliendo la institución.

 

 

Referencias y contextualización

La posición de UPyD de Burgos y su diputada Rosario Pérez, quien finalmente votó a favor de la segregación del condado de Treviño, puede leerse aquí. Un artículo de 2000 que también defendía su incorporación a Álava para evitar dar la razón a los nacionalistas vascos es "Demostremos".

Sobre la campaña del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para el reconocimiento de las Cortes de León de 1188 como cuna del parlamentarismo moderno puede leerse esta reseña. Contra la argumentación historicista del nacionalismo y otras de sus coartadas se planteó el artículo "Nación, esencia e Historia".