Hay un criterio que, en la España de hoy, no suele fallar a la hora de dictaminar si un individuo es de izquierdas o de derechas: el orden de preferencia en que sitúa los medios y los fines. Los progresistas creen que hay objetivos intrínsecamente buenos, dignos de perseguir a toda costa y hasta imponer por ingeniería social o pedagogía, y que lo de menos es cumplir escrupulosamente la ley y los procedimientos establecidos, que ven como meras convenciones heredadas del pasado. Por el contrario, los conservadores, cuyos principios e ideales, caso de haberlos, tienen menos atractivo teórico, recelan de los cambios y de la intención de sus adversarios, y para frenarlos se aferran al pragmatismo y a la legalidad que se autoperpetúa.

En cierto modo, podríamos decir que la izquierda es eminentemente política y la derecha preferentemente jurídica, y el axioma vale igual para los dos últimos ángeles caídos de la primera, aunque pertenezcan cada uno a un gremio. Zapatero y Garzón comparten un voluntarismo un tanto adolescente; tienen una idea que estiman irrenunciable y se sienten capaces de llevarla a cabo sin reparar en las monsergas de la ortodoxia. Hasta ahora, creían que les bastaba su convicción de estar en posesión de la verdad y la buena acogida de sus ideales en la opinión pública, pero acaban de descubrir que no.

Zapatero se ha dado de bruces con el canon económico que considera más serio el déficit público que la injusticia y la exclusión social. Pecó de imprudencia y torpeza al derrochar el dinero en ayudas baladíes, pensando que siempre tendría las manos libres para ir modulando la apertura del grifo, y ahora la UE se ha puesto el mono de fontanero y le ha apretado las tuercas sin darle derecho a réplica. Pero no me digan que no es doloroso que sean los mismos especuladores que provocaron la crisis y le hicieron tirar de deuda para paliar sus efectos quienes ahora desconfían de su capacidad de pagarla y le obligan a negarse a sí mismo.

Por su parte, Garzón creyó que podría estar toda la vida surfeando sobre el filo de la letra de la ley para cumplir con lo que él considera que debe ser su espíritu. Condenar a Franco seguramente fuera justo y deseable, y no hay nada que objetar al supuesto deseo de “ganar la guerra” a posteriori por la vía del Derecho, que siempre será más honorable y legítimo que hacerlo en su día por la fuerza. Sin embargo, hacer una doble trampa para usurpar la competencia y colgarse la medalla ya no es de derechas ni de izquierdas: es prevaricación.

 

Referencias y contextualización

El miércoles 12, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso de los Diputados que recortaría el sueldo un 5% a los empleados públicos en lo que quedaba de año, que lo congelaría en 2011 y que otro tanto haría con las pensiones, entre otras medidas para reducir el déficit público en 15.000 millones adicionales, como le había obligado a hacer el Ecofin, Consejo de ministros de Economía y Hacienda de la UE. El PP puso de manifiesto que estas medidas contradecían abiertamente la defensa de las políticas sociales que llevaba abanderando Zapatero desde su llegada al Gobierno y en especial durante la crisis, a la que habia tratado de enfrentarse con medidas como el Plan E, subvenciones a la compra de coches y la deducción fiscal de 400 euros, cuyo gasto era ahora el que tenía que recuperar al déficit. Otros artículos sobre la política económica durante la crisis son "El consenso, entre los prisioneros" o "Más (sobre) impuestos".

El viernes 14, el Consejo General del Poder Judicial decidió suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al decretar el magistrado del Tribunal Supremo la apertura del juicio oral por la presunta prevaricación del primero en la tramitación de la causa que inició contra los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. La "doble trampa" de Garzón a la que se refiere este artículo se había argumentado ya en "Traspaso de medallas".