Tiene toda la razón el director general de Coordinación de Educación, Fernando Sánchez Pascuala, cuando dice que lo llamativo no es que la Junta eche de clase a los teléfonos móviles y otros artilugios electrónicos, sino que haya habido que llegar a prohibir algo evidente. En mis tiempos escolares, podía haber copiones, gamberros y hasta matoncillos entre el alumnado, pero ni al más terrible de los enfants se le habría ocurrido sacar el móvil, el MP3 o la videoconsola delante del profesor y ponerse con alegre insolencia a escribir mensajitos, a escuchar música o a echarse una partidita.

La razón de un cambio tan patente la explicó de forma inmejorable el miércoles pasado nuestro subdirector, Julián Ballestero, en el salón de actos vallisoletano de Caja España: el principio de autoridad fue derribado y no ha surgido otro que lo sustituya. La izquierda, que repugna de las jerarquías franquistas, quiso extender la democracia al colegio y convenció a los alumnos (y, lo que es peor, a los padres) de que su opinión vale tanto como la del profe y éste no es quién para imponerles nada. El nivel lectivo y disciplinario se relajó para no traumatizar a los pequeñines, y, en lógico desarrollo adaptativo, a los alevines les han crecido los dientes, se han convertido en pirañas, han tomado conciencia de su ventaja numérica y de que “¿quién puede matar a un niño?”, que decía la genial película de Ibañez Serrador, y les han pasado las neuras a unos docentes que viven bajo amenaza constante de morir devorados.

Ahora que la catástrofe se ha hecho visible y el movimiento pendular empieza a oscilar hacia el otro polo, la entente que han formado las comunidades del PP en el ámbito educativo se ve legitimada para tomar medidas. En ésta concreta, Castilla y León sigue la estela de Madrid, pero pronto se sumarán las demás. Al bloque popular se le pueden achacar sin duda su partidismo, una ruptura del modelo unitario español mayor que la que critican en los nacionalismos o que, bajo la coartada de la calidad de la enseñanza, cuelen de tapadillo una arbitrariedad como la Religión, pero bienvenido sea cualquier refuerzo de la autoridad del profesor o recorte del libertinaje en que nadan actualmente los alumnos. Al fin y al cabo, un niño se acostumbra a todo y, cuanto más alto se le ponga el listón de la exigencia, más se elevará el que él entienda como normal en toda su juventud y probablemente en su vida adulta.

 

Referencias y contextualización

La Junta de Castilla y León, siguendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, presentó al Consejo Escolar un decreto de "Regulación autonómica sobre los derechos y deberes de los alumnos", una de cuyas disposiciones era la prohibición del uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en las aulas. Ya anteriormente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP habían acordado ofrecer un único currículo en todas ellas, distinguiéndolas de las del PSOE o las nacionalistas.

El miércoles 14, el subdirector de El Mundo de Castilla y León, Julián Ballestero, participó en una mesa redonda sobre la situación de los profesores de Secundaria en el salón de actos de Caja España en Valladolid.

¿Quién puede matar a un niño? (1976) es una película de Narciso Ibáñez Serrador, en la que los niños de una isla toman posesión del territorio y, amparados en su apariencia frágil e inocente, asesinan a todos los adultos que se encuentran, incluidos sus propios padres.

Una discusión matizada de las propuestas educativas del PP y del debate en torno a la LOE se puede leer en "La vuelta al cole", "Enmienda a la totalidad" o "Equidad o libertad". Sobre la asignatura de Religión en concreto, trata "Demasiadas contemplaciones"