9 marzo 2005 |
Mujer, biología y cultura |
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Ya nunca más volveremos a confundir el Día Internacional de la Mujer con el de las Águedas: Pasqual Maragall lo ha grabado indeleblemente en nuestra memoria con fusta y vaselina. Las Cortes regionales, en un alarde de reflejos, percibieron en seguida la ambivalencia de las metáforas y nos han convertido en la segunda comunidad, después de Andalucía, que va a financiar el cambio de sexo. En tales circunstancias, y ahora que Manuel Chaves le da (imprudentemente) la espalda, es de esperar que el Honorable vendrá raudo y veloz a que le demos el cambiazo en los documentos. Otros, en cambio, sí que sabían cuándo caía esta noble efeméride y han querido acariciar nuestro fetichismo onomástico haciendo coincidir con ella exposiciones, debates, reuniones de la ONU, medidas para conciliar la vida laboral y la familiar e informes sobre la violencia de género. Estos dos últimos apartados son los grandes desafíos para nuestras autoridades, pero la manera que están exhibiendo de afrontarlos denota cierta confusión entre lo que es biología y lo que es cultura. El reparto de roles es un hecho cultural. Por eso, en la intersección de modos de vida que está presenciando nuestro nicho histórico, a las mujeres se les solapan su dedicación tradicional y sus nuevas responsabilidades. Pero, sin embargo, las soluciones que se barajan para salvar esta incompatibilidad siempre se plantean desde una mentalidad biológica, otorgando ante todo permisos de maternidad y reduciendo el horario de la mujer. Es decir, al agente biológico del parto se le presupone el deber cultural de cuidar al niño. Ya se sabe: ella siempre lo hará mejor. ¿Pero en qué cromosoma está escrita esta premisa? Por su parte, a la violencia de género las feministas no la llaman de sexo para recalcar que su origen es el factor cultural de las relaciones tradicionales de poder entre hombre y mujer y no el biológico de la dualidad anatómica. Pero sucede que, a estas alturas, los expertos no definen un perfil concreto del maltratador, pues ya se han registrado muchos casos de jóvenes cultos que maltratan a sus compañeras sin sentir ningún tipo de superioridad sobre ellas. La razón de la violencia doméstica no es por tanto la subordinación, sino la noción de amor como posesión y los celos que se derivan de ella. Pues bien, tanto una como los otros son comunes a hombres y mujeres, aunque sólo aquéllos, más fuertes biológicamente, recurran a la violencia física (la psíquica la practican ambos sexos) para descargar pulsiones psicológicas como la inseguridad y sexuales como el sadismo. Ninguna de ellas cultural. En su empeño de diagnóstico integral, la Ley contra la Violencia de Género penaliza también el tratamiento de la mujer como objeto sexual en la publicidad, expresión de un machismo cultural que no tiene nada que ver con los malos tratos. Y, en cambio, establece distinciones profundamente biológicas al diferenciar juzgados, delitos y penas en función del sexo de su autor, en un disparate jurídico tanto más inexplicable cuanto que no promete una mayor eficacia en la defensa de la mujer. Ni hace falta un tribunal específico para aplicar una ley nueva, ni un delito monopolizado cuantitativamente por los hombres justifica una tipificación cualitativamente independiente ni, a fin de cuentas, el marido que es capaz de golpear a su pareja a cambio de dos años de cárcel va a dejar de hacerlo por la amenaza de cinco.
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Referencias y contextualización El 8 de marzo se celebró, como todos los años, el Día Internacional de la Mujer, que no tiene nada que ver con el Día de las Águedas, que, según la tradición de muchos pueblos castellanos, es una jornada que se reserva para que las mujeres manden sobre los hombres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ONU estaba celebrando una reunión para evaluar los resultados de la Conferencia de Pekín de 1995 (ver "Lo que ha cambiado en diez años"), el Gobierno español y la Junta habían anunciado sendas baterías de medidas para hacer frente a la discriminación de la mujer y sus problemas para compatibilizar la vida familiar y la vida laboral, como por ejemplo las de facilitar en diversos sentidos los permisos por maternidad. El presidente de la Generalitat de Catalunya, el socialista Pasqual Maragall, se hallaba inmerso en una ácida polémica desde que, en el pleno autonómico del 24 de febrero, había acusado veladamente a los anteriores gobiernos de CiU de cobrar comisiones del 3% por las obras públicas licitadas. En los días sucesivos, había recomendado a los políticos catalanes el uso de vaselina para evitar hacerse un daño mutuo que perjudicara los intereses de la comunidad (en pleno proceso de reforma de su Estatuto) y, en un acto feminista de precelebración del 8 de marzo, había afirmado que su Gobierno se sentía "como una mujer maltratada" ante el supuesto acoso que estaba sufriendo por parte de la oposición. Además, algunos dirigentes socialistas como el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, empezaban a desautorizar las continuas reivindicaciones nacionalistas de Maragall, en tanto que la relación de la Generalitat con la Junta de Castilla y León también se había visto afectada desde el mes de diciembre por el asunto de la devolución a Cataluña de ciertos documentos del Archivo de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca (ver "Yo también me habría abstenido"). Las Cortes de Castilla y León, por otra parte, aprobaron el viernes 4 instar a la Junta a cubrir provisionalmente la financiación de las operaciones de cambio de sexo, a la espera de que el Gobierno socialista legislara al respecto de acuerdo con su programa electoral. Asimismo, el Parlamento regional resolvía pedir al Gobierno central la aprobación de una ley que regulara el derecho de los transexuales a rectificar el nombre y el sexo en su documentación personal. La Ley Integral contra la Violencia de Género fue uno de los proyectos estrella del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 22 de diciembre de 2004, se esperaba que entrara en vigor antes del verano de 2005. Sus promotores sostenían la conveniencia de una ley integral porque consideraban que la razón de los malos tratos son la relación de subordinación que a lo largo de la Historia ha relegado a las mujeres frente a los hombres, haciendo creer a éstos que sus compañeras les pertenecen y pueden hacer lo que quieran con ellas. A pesar de la unanimidad en el Parlamento, la Ley había levantado polémica por algunos puntos sobre los que había informado negativamente el Consejo General del Poder Judicial, en este momento con mayoría de vocales conservadores; en concreto, la conformación de tribunales especialmente formados para tratar los sumarios de violencia doméstica y la distinción entre el delito de malos tratos cometido por un hombre y la falta en el caso de que su autora fuera una mujer. Los partidarios de esta distinción alegaban que la proporción de hombres maltratadores en relación con la de mujeres maltratadoras era de 14 a 1. Además, la Ley contra la Violencia de Género estipulaba un notable aumento de las penas por malos tratos: de seis meses a un año de cárcel en el caso de amenazas leves y de dos a cinco años en el caso de lesiones a la compañera sentimental. Sobre el papel atribuido a la mujer y los malos tratos, se pueden leer también "El rol femenino" y, rectificando en parte la tesis de este artículo, "Lo que va del amor a la posesión". Más específicamente, "Para vestir santos" ironiza sobre la esencial condición de la maternidad que el cardenal Ratzinger ensalzó en su carta a los obispos del verano de 2004. |
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