Deploro la irritante beligerancia de los políticos catalanes, pero presiento que a medio plazo se les volverá en contra incluso en su propio feudo. Viste mucho reivindicar ante un Gobierno central intransigente, pero satura, aburre y llega a resultar incómodo de tragar cuando la gente ve buena voluntad en la otra parte. Simplemente, no me creo que la esencia de los catalanes sea el anhelo de saquear o volar el Estado. O, por lo menos, a los patriotas con poca psicología que temen que se lo lleven crudo en esta legislatura porque ésa es la mecánica natural de los nacionalismos habría que recordarles que ERC sólo proclamó el Estado catalán en 1934 contra un Gobierno de derechas, y que tres años antes había renunciado a su programa de máximos a cambio del Estatuto que les prometió Azaña.

 

Referencias y contextualización

El jueves 23 de diciembre, la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno para asesorarle en relación a la vieja polémica de los documentos de la Generalitat de Catalunya incautados por el ejército de Franco en 1938 y almacenados en el Archivo de la Guerra Civil situado en Salamanca, decidió recomendar su devolución con 14 votos a favor y 3 abstenciones: las de los representantes designados por la Junta de Castilla y León -Julio Valdeón Baruque-, el Ayuntamiento de Salamanca -Eugenio García Zarza- y la Universidad de Salamanca -Antonio Morales Moya-, que en los días inmediatamente posteriores habían recibido muchas críticas en la comunidad por no votar expresamente en contra.

La anterior Comisión, reunida en 2002, había dictaminado que era preferible salvaguardar la unidad del Archivo, siempre recomendable para la investigación historiográfica. De ésta se dijo en Cataluña que había estado dominada por el Patronato del Archivo, favorable a que los documentos se quedaran en Salamanca, mientras que, para la conformación de la nueva Comisión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se había reunido únicamente con la Generalitat, dando lugar a una composición muy favorable a los intereses catalanes. La Comisión recomendó igualmente la transformación del Archivo de Salamanca y su enriquecimiento on fondos provenientes del Archivo de la Guerra de Liberación y del Servicio Histórico Militar. Asimismo, aconsejaba que fueran a parar a él copias digitalizadas de todos los documentos que se encontraran en otros archivos españoles y extranjeros y estuvieran relacionados con la Guerra Civil.

La devolución de los documentos de la Generalitat era una vieja reclamación del nacionalismo catalán, y la polémica había resurgido varias veces en los últimos años (ver "Los documentos" y "Archivo invertebrado") y, con la llegada al Gobierno central de un PSOE que también gobernaba en Cataluña y tenía en ambos lugares el apoyo de ERC, se había anunciado una solución favorable a la reivindicación catalana (ver "Del talante: del suyo y del nuestro" y "El Archivo Feliz"). Las instituciones castellanoleonesas, dominadas por el PP, habían defendido la unidad del Archivo y habían desempolvado una sentencia de 1998 que había otorgado a la Junta de Andalucía frente al Gobierno central la potestad sobre el patrimonio documental de la comunidad. En aquel momento, la consejera de Cultura andaluza era Carmen Calvo, ahora ministra del Gobierno de Zapatero. En algunos círculos sociales y mediáticos salmantinos y castellanoleoneses, la polémica se había exacerbado y se había relacionado con el supuesto entreguismo del Gobierno del PSOE a sus socios catalanes y la rapacidad o el separatismo de éstos. Sobre la polémica relación secular entre Castilla y Cataluña, ver "Castilla y Cataluña" y "El otro 11 de septiembre". La primera parte de "El combate del año" insiste en la naturaleza eminentemente política del conflicto en torno al Archivo de Salamanca.

El 14 de abril de 1931, unas horas antes que en Madrid, se anuncia la victoria electoral de la República en Barcelona, donde Lluís Companys y Francesc Macià, los líderes de lo que en seguida sería ERC proclaman "la República catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica", pero el 17 moderan los términos ante el ruego de los republicanos de Madrid, que el año anterior habían invitado al Pacto de San Sebastián a los partidos de izquierda catalana prometiéndoles que, si se constituía la República, Cataluña tendría un Estatuto de Autonomía. Cataluña dejaba de ser "la República catalana" y se convertía en la Generalitat de Cataluña, que vería aprobado su estatuto en 1932. El 6 de octubre de 1934, tras un intento del Gobierno central de Alejandro Lerroux de quitar a la Generalitat las competencias sobre el suelo para impedir que aprobara una ley que facilitaría a los rabassaires la compra de las tierras que trabajaban (la denuncia, por cierto, partió de la Lliga Catalana, el partido de la derecha nacionalista), y con la tensión agravada por la entrada de la CEDA de José María Gil Robles en el Gobierno, Lluís Companys proclama "el Estado Catalán dentro de la República Federal Española", pero el levantamiento fue reducido por las armas.