Referencias y contextualización

A mediados de diciembre de 2004, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, anunció que, para el año 2005, se rebajaría de 12 a 8 el número de días festivos que podrían abrir los comercios. Aprovechaba así al máximo el margen que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero había dejado a elección de las comunidades autónomas. La política del PP durante sus dos legislaturas había sido la contraria, aumentar progresivamente el número de festivos en que los comercios podrían abrir sus puertas al público, de acuerdo con los cánones liberales (ver "Selección natural"). Sin embargo, Villanueva alegó que la restricción recién aprobada no era antiliberal, porque "es más liberal establecer ocho festivos de mayores ventas que doce sin vender". Los pequeños comercios se mostraron agradecidos por la valentía del consejero al tomar esta decisión, pero el representante de la Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), Ángel Mingo, declaró que la medida era "absolutamente regresiva para el empleo, la actividad y los nuevos proyectos" y señaló la contradicción que encerraba respecto a la política del anterior Gobierno del PP.

Los economistas y comentaristas más estrictamente liberales, que en España tendían a coincidir en los últimos años con la derecha ideológica, solían señalar al derrumbe del bloque soviético (inspirado en última instancia en Karl Marx) o a la anunciada quiebra del Estado del bienestar socialdemócrata (postulado, por ejemplo, por John Maynard Keynes) como ejemplos de que el liberalismo es el único modelo viable de política económica. Adam Smith, el economista escocés que formuló el liberalismo clásico en el siglo XVIII, entendía que el que los diferentes agentes económicos individuales persiguieran su propio beneficio redundaba, por una especie de "mano invisible" que rige el mercado, en el aumento de la riqueza colectiva; por eso el Estado no debía intervenir en la economía, limitándose a vigilar el cumplimiento de las reglas de juego. En esa línea, calculaba también que, con el tiempo, el precio de las mercancías tendería a asimilarse a su coste de producción. John Stuart Mill, uno de los grandes teóricos del liberalismo (aunque muy apreciado por Marx por su predicción de que el capitalismo se estancaría por la reducción de los márgenes de beneficios y por su alejamiento de la idea clásica de que el valor de las mercancías era el de el trabajo que costaba producirlas), se acogió a la ética utilitarista acuñada por Jeremy Bentham, cuyo fin expreso es lograr la mayor felicidad posible para el mayor número de personas posible.

Al defender a la vez el liberalismo económico y el conservadurismo ideológico, muchos opinadores de derecha criticaban cualquier tipo de subvenciones o intervención del Estado en la economía a la vez que reprochaban a regiones como Cataluña o el País Vasco su falta de solidaridad al pretender limitar su contribución fiscal al Estado o desligarse de la caja única de la Seguridad Social.

En los últimos días, el Gobierno del PSOE había anunciado en un principio que vincularía la subida anual del salario mínimo interprofesional al IPC. Tras las críticas de la patronal y las recomendaciones del ministro de Economía, Pedro Solbes, se había limitado a incrementarlo sin obligarse a futuras subidas automáticas. Adam Smith, en su obra clásica Sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), dejaba el índice de los salarios al arbitrio de la ley de la oferta y la demanda, pero reconocía que no debían bajar de un nivel mínimo de subsistencia.

En Castilla y León, los líderes del PP y el PSOE, Juan Vicente Herrera y Ángel Villalba, habían aprobado una declaración conjunta contra el Plan Ibarretxe, por sus pretensiones de anexionar el condado de Treviño sin pedir autorización a la Junta de Castilla y León. Seguían así el ejemplo de los dirigentes nacionales, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, que habían acordado el 14 de enero consensuar cualquier reforma de los estatutos de autonomía como respuesta a la aprobación del Plan Ibarretxe en el Parlamento vasco.Sobre el primer anuncio del Plan Ibarretxe, en septiembre de 2002, ver "Después de la ilegalización". Sobre su presentación en el Parlamento vasco un año más tarde, ver el díptico compuesto por "Si yo fuera vasco" y "Como yo no soy vasco". Sobre el condado de Treviño, ver "Demostremos".