21 septiembre 2005 |
El Gobierno sabe lo que nos conviene |
Está claro que tenemos que dejarnos guiar por nuestros dirigentes. Ellos saben lo que nos conviene y lo que no. Igual que, de pequeños, si le pedíamos una cosa a Dios o a los Reyes Magos y no nos la concedían, era porque nuestra ceguera humana se había emperrado por algo inoportuno, tampoco debemos desmayar si el Gobierno no escucha nuestras reclamaciones. Sólo hay que dejar que pase el tiempo, y, tarde o temprano, siempre terminamos dándonos cuenta de que la decepción inicial era sólo el preámbulo de un regalo mucho mejor. En este caso ha sido temprano. Sólo cuatro días después de que el Congreso certificara el traslado a Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca, Caldera anunciaba que instalará en la ciudad del Tormes el Centro Estatal de Referencia del Alzheimer. Ahora cobra todo su espléndido sentido la promesa que hizo a sus paisanos de que les compensaría con un nuevo gran organismo dedicado a la recuperación de la memoria. Ni los más renuentes a la entrega de los legajos podrán negar que hemos salido ganando con creces, y que un centro sobre el Alzheimer se identifica mucho mejor con el carácter de los castellanos. Nosotros somos pacíficos, tímidos, reconcentrados. No nos gustan las riñas, ni la violencia, y la prueba es que, por no pelearnos, en cuanto en julio de 1936 se levantaron los militares, nosotros nos pusimos de su parte y en Castilla y León ya no hubo más guerra. No sé qué se trae entre manos Julián Lanzarote, cuando advierte que para el día en que vengan a por los papeles aún se guarda “una sorpresita”; la frase preferida de aquel siniestro Pitufo Bromista que pasó a la Historia como el inventor del paquete-bomba. Pero no es el camino. Si queremos vengarnos de los catalanes, todo el mundo sabe que el mejor desprecio es no hacer aprecio. ¿Que nos hostigan por nuestro pasado? Pues nada, como si les da por creerse Simon Wiesenthal. A palabras necias, oídos sordos. Por eso mismo, el Gobierno, que sabe lo que nos conviene, puso en marcha todos sus recursos para conseguir que el Congreso Nacional de Lengua de Signos se convocara en Valladolid. Aquí mismo pudo celebrarse por todo lo alto el histórico reconocimiento institucional de la comunicación por señas. Ahora, el siguiente paso sería declararla lengua oficial en todo el territorio español, para los que la empleen y para los que no, y al menos tendremos a Carod-Rovira un ratito callado, en el porcentaje de sus discursos que tenga que reservar por ley a expresar sus estrecheces mentales por la vía de la mímica.
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Referencias y contextualización El jueves 15, el Congreso de los Diputados aprobó el traslado a Cataluña de los documentos expropiados a la Generalitat por las tropas franquistas en 1939 y almacenados en el Archivo de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca. Ante la polémica desatada, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el salmantino Jesús Caldera, prometió que la ciudad castellana saldría ganando gracias a la construcción de un gran centro documental para el estudio y recuperación de la llamada "memoria histórica". El alcalde, Julián Lanzarote, anunció que agotaría todos los recursos para impedir el traslado de los documentos, y que algún día alguien tendría que ir físicamente a recogerlos y para entonces se reservaba "una sorpresita". Sobre el tema del Archivo de Salamanca, se pueden consultar otros artículos como "Los documentos", "Archivo invertebrado", "Del talante: del suyo y del nuestro", "Yo también me habría abstenido" y "Va a ser que nuestro enfado es político". Una metáfora irónica es "El Archivo feliz". El lunes 19, el mismo Jesús Caldera anunció que en 2007 se edificaría en Salamanca el Centro Estatal de Referencia del Alzheimer y otras demencias. Simon Wiesenthal, célebre judío superviviente de los campos de exterminio que dedicó el resto de su vida a localizar a antiguos nazis para ponerlos en manos de la justicia (entre ellos, a Adolf Eichmann, planificador del Holocausto), falleció el 20 de septiembre en Viena. Del 15 al 17 de septiembre tuvo lugar en Valladolid el II Consejo Nacional de Lengua de Signos Española, que el viernes 16 pudo celebrar la aprobación en Consejo de Ministros de la ley que otorgaba reconocimiento institucional a la lengua de signos y, por tanto, la obligación del Estado de garantizar su enseñanza a quien la requiriera. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una de las máximas defensoras de la devolución a Cataluña de los legajos de Salamanca, presentó en el Parlamento una proposición de ley para que el catalán, el euskera y el gallego fueran reconocidas como lenguas oficiales en todo el territorio español; esto obligaría, por ejemplo, a que el personal de la Administración tuviera que contestar en esos idiomas a los ciudadanos que así lo requirieran, y a que las televisiones estatales emitieran la mitad de su programación en lenguas distintas del castellano. |
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